Por el contrario, el Secretario de Estado indicó que "nuestra preocupación tiene que ver con los problemas interpretativos que podrían derivar en caso que fuese adoptado un texto con contenidos vagos e inciertos, que terminaría por trasladar a la etapa judicial la definición de qué es delito y qué no, sin darle a los jueces los parámetros necesarios para distinguirlo".
En opinión del Cardenal Parolin, el problema con la ley Zan es que consagra un concepto de discriminación "demasiado vago", de forma que, "en ausencia de una especificación adecuada se corre el riesgo de reunir las más diversas conductas y hacer punibles cualquier distinción entre hombre y mujer, con consecuencias que podrían ser paradójicas y que en nuestra opinión deben evitarse ahora que estamos a tiempo".
La ley Zan, en su artículo 1, preveía el establecimiento de una "Jornada nacional contra la homofobia, la lesfobia, la bifobia y la transfobia", lo que haría que las instituciones eclesiásticas se vieran obligadas a organizar actos e iniciativas para celebrarla.