4 de octubre de 2022 - 8:39 PM

Revelan graves "opacidades" en financiamiento de Corte Interamericana de Derechos Humanos

POR WALTER SÁNCHEZ SILVA | ACI Prensa

Imagen referencial. Crédito: Unsplash
Imagen referencial. Crédito: Unsplash

El Global Center for Human Rights (Centro Global de Derechos Humanos) publicó un informe en el que alerta sobre serios problemas en el financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conformados por la Comisión (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos  (Corte IDH).

Así lo indicó en el “Balance del financiamiento de la CIDH y la Corte Interamericana: 2009 – 2021: Opacidades e influencias en una financiación condicionada”.

En el balance se recuerda que “los derechos humanos se promueven y protegen en el marco del respeto a las declaraciones, tratados y convenciones, y no mediante su violación”.

“Esta verdad tan diáfana parece haber sido puesta en jaque en los últimos años, en los cuales los organismos creados por los países para proteger y promover los derechos humanos han cometido numerosos abusos, extralimitaciones y violaciones a los propios tratados que les dieron origen y sentido, a la vez que han adolecido de procesos transparentes e imparciales de rendición de cuentas”, recuerda el texto.

Fuentes de financiamiento

Las dos fuentes de financiamiento del SIDH, principalmente de la CIDH y la Corte IDH, es mixto: el fondo regular de la OEA y los fondos específicos que provienen de otros actores como empresas privadas y organizaciones no gubernamentales (ONGs).

El informe señala que algunos de los países financistas son España, Noruega, Finlandia, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido, Holanda e Italia. También la Unión Europea.

Entre las organizaciones están la Fundación Arcus, Save the Children, Cammina y Fundación Avina.

Otras organizaciones son Freedom House, Google, Fundación Ford, Oxfam, Wellspring, Trust for the Americas, National Endowment for Democracy (NED) y la Open Society Foundation, propiedad del magnate pro aborto George Soros.

Con su aporte, revela el informe, los financistas pueden “dedicar fondos para la promoción de proyectos específicos”, lo que significa “incidir fuertemente en la agenda del SIDH y el impacto que este tiene en los países miembros”.

“Desde el año 2009, la Agencia Española de Cooperación Internacional para Desarrollo (AECID) destinó USD 4.737.478 a la Corte Interamericana”, indica el texto.

Sentencias e informes emblemáticos

El documento recuerda que en febrero de 2016, la Corte IDH emitió la sentencia en el caso Duque vs. Colombia, en la que se alegó “un incumplimiento de obligaciones inexistentes en los tratados acerca de la llamada ‘orientación sexual e identidad de género’, condenando a la República de Colombia a todos sus efectos”.

Ese mismo año, prosigue el informe, “la Corte IDH emitió otra sentencia, Flor Freire vs. Ecuador, condenando al país por haber solicitado la baja militar a un teniente que mantuvo relaciones homosexuales les con un soldado, aprovechándose de su estado de embriaguez”.

“En un caso por demás polémico, Ecuador fue condenado por el incumplimiento de, nuevamente, obligaciones inexistentes basadas en una presunta discriminación por ‘orientación sexual’ de Freire”, explica el texto.

“Ambos fallos son considerados de los más emblemáticos en materia de la imposición de nuevas obligaciones en favor de las personas con atracción al mismo sexo”, advierte el texto.

“La Corte, junto con la CIDH, han querido imponer su cumplimiento”, prosigue.

En 2019, la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la CIDH publicó un informe titulado “Protesta social y derechos humanos”, financiado en parte por la Open Society Foundation.

El informe “promueve una visión de los derechos humanos que menoscaba el derecho inalienable a la paz social” y “se concentró en defender protestas especialmente violentas y destructoras y ha servido de instrumento de defensa para numerosos perpetradores de actos vandálicos que, en 2019 y 2020, causaron muertes y destrucción de bienes públicos y privados en distintas manifestaciones en países de Sudamérica”.

La CIDH también ha emitido al menos tres informes promoviendo el aborto en la región, haciendo “una interpretación regresiva y restrictiva de la protección del derecho a la vida de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reformulando a contrario sensu (en sentido contrario) lo que los países acordaron y pactaron”.

¿Juez y parte?

El informe preparado por el Global Center for Human Rights advierte que “algunas organizaciones internacionales que apoyan a la Corte IDH o la CIDH, también financian a las partes peticionarias de casos de litigio estratégico en el sistema”.

“Esta situación plantea un problema mayor, ya que el hecho de que las mismas organizaciones financien tanto a los jueces como las partes afecta gravemente la independencia de estos órganos”, prosigue.

“Un caso elocuente de esta situación es el caso Manuela y otros vs. El Salvador. La Fundación Ford, la cual contribuye regularmente a la CIDH, ha financiado a Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, la cual es una de las organizaciones peticionarias en el caso ‘Manuela’”, revela el informe.

Manuela, pseudónimo con el que se conoce a María Edis Hernández Méndez de Castro, fue condenada en 2008 a 30 años de cárcel por homicidio agravado.

De acuerdo a la sentencia, Manuela, fallecida en 2010 en prisión a causa de un cáncer, arrojó a su bebé recién nacido a una fosa séptica, donde murió asfixiado entre heces y sangrando por el ombligo.

El aborto en El Salvador está prohibido y la Constitución reconoce “como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”.

En 2012, organizaciones promotoras del aborto legal llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la que a su vez lo elevó a la Corte IDH en 2019.

Una propuesta

La propuesta del Global Center for Human Rights es que “los aportes extraordinarios puedan seguir existiendo, pero sin compromiso de uso por parte de la Comisión o la Corte IDH, quienes ya adquirieron un compromiso previo y anterior para con los Estados Miembros”.

“Tal como lo solicitó la delegación de Ecuador años atrás, es necesario que se resguarde la independencia, la objetividad, la no selectividad y la no politización del tratamiento de las temáticas abordadas por los órganos del SIDH”, agrega el documento.

Además de mejorar su rendición de cuentas, los estados miembros podrían solicitar una auditoría “con enfoque en el cumplimiento de normas éticas y deontológicas y que goce de total externalidad y verdadera independencia respecto del SIDH”.

¿Qué es el Global Center for Human Rights?

Según indica en su sitio web, el Global Center for Human Rights es una “organización no gubernamental que, a través de la estrategia, la formación y la promoción, trabaja para construir y consolidar una nueva generación de responsables dispuestos a defender la vida, la familia, la libertad religiosa y la democracia”.

“El Centro Global de Derechos Humanos defiende a 663 millones de personas en toda América Latina, con el objetivo de devolver su autoridad democrática a sus legítimos representantes”, agrega.

Más información en este enlace http://globalcenterforhumanrights.org/es/reportes.html  

Etiquetas: Aborto, Ideología de Género, Derechos humanos, CIDH, OEA, Defensa de la vida, George Soros, Corte IDH, Global Center for Human Rights

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