Quejas y protestas por “decretazo” de socialistas contra educación religiosa

Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un decreto de paralización de una Ley Orgánica como es la de la Calidad de la Enseñanza (LOCE), miles de ciudadanos e instituciones españolas han dirigido sus quejas y protestas al Ejecutivo.

Según la plataforma Hazteoir (www.hazteoir.org ) son más de 18 mil los ciudadanos que ya han expresado al Presidente del Gobierno y a la Ministra de Educación su rechazo al “decretazo”, considerando que “la suspensión de la LOCE ha provocado una gran alarma social en el sector educativo y una honda crisis institucional con comunidades autónomas como La Rioja, Baleares, Madrid y Valencia”.

La misma asociación señaló que de esta manera el Consejo de Ministros se ha situado al margen de la ley al aprobar el decreto de paralización de la Ley Orgánica, “algo que está expresamente prohibido por el principio de jerarquía normativa definido por los artículos 9.3 y 103 de la Constitución Española”.

Asimismo han manifestado su rechazo al “decretazo” asociaciones de padres de familia como la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) y el Foro Español de la Familia y asociaciones de centros docentes como la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), así como patronales, como Educación y Gestión” (EyG), y los sindicatos mayoritarios en la enseñanza, Federación De Sindicatos Independientes De Enseñanza Del Estado Español (FSIE) y la Unión Sindical Obrera (USO).

Según un comunicado emitido por Hazteoir, “la inconstitucionalidad en la que incurre el Gobierno alcanza también al contenido del decreto, cuyo aspecto más controvertido se refiere a la no evaluabilidad del área de ‘Sociedad, Cultura y Religión’".

“Con esta medida del Gobierno socialista vuelve la situación discriminatoria existente hasta ahora, sólo corregida por la LOCE, y que era incompatible con el Artículo 27 de la Constitución Española y con los Acuerdos Iglesia-Estado en materia de educación de 1979, todavía vigentes”, manifestó el comunicado.

Reacción de las Comunidades Autónomas

Comunidades autónomas como Madrid, Valencia, Baleares y La Rioja manifestaron su rechazo a la medida inconstitucional del Gobierno y las acciones a emprender en breve plazo.

Es el caso de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, quien ha anunciado que está estudiando la posibilidad de recurrir el decreto del Gobierno, al considerar que no tiene "rango suficiente" para derogar una ley que emana "de la soberanía popular y de las Cortes generales".

Por su parte, la Generalitat Valenciana tiene preparado el recurso que presentará contra la no aplicación de la ley. El Gobierno Valenciano ha solicitado que se prohíba al Consejo de Estado emitir dictamen “sin tener en cuenta las alegaciones que la comunidad valenciana quiere presentar”, y que se conceda un plazo “razonable para emitir dichas alegaciones”.

En Baleares, el conseller de Cultura, Francesc Fiol, acusó a la ministra María Jesús San Segundo de incurrir en “un gran fraude” de Ley y burlarse de las Comunidades autónomas. Asimismo ha reclamado a Zapatero la no derogación de la LOCE sin un amplio debate entre los gobiernos regionales y los sectores afectados.

Por último, el Consejo de Gobierno de La Rioja remitió un escrito al presidente del Consejo de Estado en el que le pide poder comparecer ante este organismo para mostrar su rechazo al decreto que paraliza la Ley de Calidad en la Educación (LOCE).