Pro-vidas alertan de nuevo intento de legalizar el aborto en Ecuador

Pro-vidas alertan de nuevo intento de legalizar el aborto en Ecuador

Amparo Medina, presidenta de Red Vida y Familia de Ecuador, alertó que el lobby feminista está impulsando la legalización del aborto a través de una reforma al Código Penal de ese país.

En comunicación con ACI Prensa, la líder pro-vida indicó ayer martes que el nuevo artículo 142 del proyecto de reforma al Código Penal, que será debatido en la Asamblea Nacional, considera la posibilidad de aborto no punible cuando "se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios" o "si el embarazo es consecuencia de una violación".

Medina dijo pidió a los legisladores eliminar este artículo, pues "el aborto debe ser prohibido en el Ecuador en todas sus formas".

Sin embargo, advirtió que esta reforma no es solo impulsada por el Poder Ejecutivo, sino también "por el lobby feminista que en América Latina ha recibido miles de fondos para su propuesta".

"No es el primer proyecto que busca legalizar el aborto en Ecuador. Lo vienen proponiendo desde hace 8 años, con diferentes proyectos en el Congreso Nacional, hoy Asamblea Nacional", señaló.

La líder pro-vida dijo que con este propósito se han realizado en el país diversas campañas financiadas por la organización abortista International Planned Parenthood Federation (IPPF), "con su filial CEMOPLAF y APROFE, y con fondos de la Coordinadora de derechos sexuales del Ecuador, cuya oficina central se impulsa desde la ONU".

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"Un gobierno que ofrece el aborto a una mujer violada, como solución al problema, demuestra la pobreza de políticas sociales y humanas que tiene", expresó Medina.

La presidenta de Red Vida y Familia convocó a las organizaciones pro-vida y familia a presentar testimonios y argumentos legales, científicos y socioeconómicos sobre el daño del aborto "a la mujer, al niño por nacer y a la sociedad en general".

El "Proyecto de Código Orgánico Integral Penal" fue remitido a la Asamblea Nacional para un primer debate luego de ser aprobado en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado el 13 de junio de este año.

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