Portavoz de Obispos españoles lamenta aprobación de Ley Trans

Tras la aprobación en el Consejo de Ministros de la Ley Trans, Mons. Luis Argüello, portavoz de la Conferencia Episcopal Española y Obispo auxiliar de Valladolid (España) aseguró que esta ley "transforma el sentimiento en categoría jurídica y entroniza la voluntad de poder sin ningún límite".

También destacó que "ignora la realidad sexuada de todas las células del cuerpo y, sobre todo, desprecia a las personas que sufren al proponerles como saida el cambio del DNI".

La "ley trans" transforma el sentimiento en categoría jurídica y entroniza la voluntad de poder sin ningún límite objetivo. Ignora la realidad sexuada de todas las células del cuerpo y, sobre todo, desprecia a las personas que sufren al proponerles como salida el cambio del DNI

- Mons. Luis Argüello (@MonsArguello) June 29, 2021

El Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó hoy 29 de junio el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, conocida como ley trans.

El texto prevé la autodeteminación de género, por lo que una persona puede cambiar el nombre y el sexo en el DNI tan solo presentando su declaración y sin necesidad de informes médicos o haber iniciado un proceso de hormonación, como era requerido hasta ahora. 

Podrá solicitarse desde los 12 años, con autorización judicial. De los 14 a los 16 años con consentimiento de sus representantes legales, y después de los 16 años podrá ir al registro civil sola, sin necesidad de que nadie certifique su cambio. 

Esta ley también  prevé que se prohíban las terapias de conversión  y serán castigadas con multas de hasta 150 mil euros. 

Se prevén multas de entre 200 a 2 mil euros por infracciones leves como vejaciones a personas por su identidad de género; de entre 2.001 a 10 mil euros por infracciones graves como no retirar expresiones vejatorias en sitio web del "prestador de un servicio de la sociedad de la información"; y multas de entre 10.001 a 150 mil euros por infracciones muy graves como "el uso o difusión en centros educativos de libros de texto y materiales que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales".