Padre Valdemar denuncia que Ebrard usa erario público para acallar ciudadanos

En conferencia de prensa, el sacerdote Hugo Valdemar Romero, vocero de la Arquidiócesis de México, declaró que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, podría cometer un posible delito de peculado al “intentar reprimir, amedrentar y acallar la voz de un ciudadano” con la contratación de veinte abogados pagados con los impuestos del gobierno local.

El Servicio Informativo de la Arquidiócesis de México (SIAME) recuerda que Ebrard ha demandado al sacerdote y al Arzobispo de Guadalajara, Cardenal Juan Sandoval, por sus declaraciones sobre las uniones homosexuales y la adopción de menores.

El sacerdote lamentó que el jefe de Gobierno lance “toda la maquinaria de su gobierno” y recursos para demandarlo a él y al Cardenal Sandoval. Declaró que se defenderá en contra de la demanda civil del “supuesto daño moral” hacia el Jefe de Gobierno.

Sin embargo, consideró que Ebrard lo ataca de modo personal pretendiendo “utilizar abogados, recursos económicos y la demanda interpuesta en los tribunales de la demarcación que gobierna, para reprimir, amedrentar y acallar la voz de un ciudadano, cayendo así en la posible comisión del delito de peculado que se le puede atribuir”.

“Si el señor Marcelo Ebrard hubiera querido actuar legalmente, debió haber contratado y pagado de su dinero a sus propios abogados y no autorizando ante el tribunal a más de veinte abogados que son pagados con los impuestos de los ciudadanos del Distrito Federal para actuar contra un ciudadano”, indicó.

Asimismo, indicó que será él mismo quien lleve su defensa dentro del proceso legal y aseguró que su decisión de prescindir de una defensa jurídica profesional obedece a la intensión de hacer valer los derechos de un ciudadano que se defiende por sí mismo contra “la maquinaria enorme y desproporcionada del Estado que abusivamente pretende pisotear los derechos de sus gobernados que disienten de su ideología política y formas de gobierno”.

El vocero del arzobispado de México también rechazó que en cualquiera de sus declaraciones públicas haya violado el artículo 130 de la Constitución, y que le acusan de al violentar el Estado Laico. “Se trata del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y mis manifestaciones no constituyen delito alguno, ya que en realidad se trata de una acusación de naturaleza puramente civil, que en ningún caso amerita cárcel”, agregó.