22 de abril de 2007 / 7:17 p. m.
Tras expresar su “plena solidaridad y respaldo” al Prelado por medio de un comunicado a la opinión pública, el episcopado colombiano deploró “el que con esta clase de decisiones se atente contra el Derecho que tiene la Iglesia de velar porque no accedan al Sacerdocio los candidatos que carecen de las cualidades requeridas para ejercer adecuadamente el ministerio en
El comunicado aparece después de que un juez de segunda instancia ratificara la sanción por desacato a una "acción de tutela" (recurso de amparo) de derechos fundamentales interpuesto por un ex seminarista acusado de presunto robo y conducta homosexual, que después de ordenarse en una comunidad eclesial protestante, exigía al Arzobispo le explicara las razones de su expulsión del Seminario Mayor de Manizales en 1999.
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La sanción fue ratificada en segunda instancia por el Juzgado Quinto Penal Municipal de Manizales, que ordenaba al Arzobispo explicar al ex seminarista en un plazo de 48 horas los motivos de la expulsión del seminario arquidiocesano.
“El Episcopado rechaza esta decisión como contraria a la norma expresada en el artículo Segundo del Concordato vigente entre el Estado Colombiano y
El comunicado firmado por el Presidente de la CEC, Mons. Luis Augusto Castro, señala asimismo que “esta decisión desconoce también” una ley 1994 que “consagra como derechos de las Iglesias y Confesiones religiosas ‘establecer su propia jerarquía, designar a sus correspondientes ministros libremente elegidos por ellas, con su particular forma de vinculación y permanencia según sus normas internas’ y la de ‘tener y dirigir autónomamente sus propios institutos de formación y de estudios teológicos, en los cuales puedan ser libremente recibidos los candidatos al ministerio religioso que la autoridad eclesiástica juzgue idóneos’”.
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Tanto los feligreses como el clero y los religiosos y religiosas de Manizales han dado desde tiempo atrás reiteradas muestras de solidaridad y respaldo al Arzobispo.