Más de dos mil personas rechazaron frente al Ayuntamiento de Sevilla (España) las propuestas políticas que la extrema izquierda había presentado recientemente y que, entre otras cosas, apoya a una procesión blasfema donde se porta una vagina, en alusión a las celebraciones de Semana Santa y que tuvo lugar en mayo de 2014.

Entre las medidas que proponen los grupos de izquierda se encuentra la prohibición al alcalde y otras autoridades públicas de participar en “actos de naturaleza religiosa” y que el Arzobispo de la ciudad pierda la condición de autoridad pública. También proponen “promover un callejero laico y aconfesional”, se votará en “colegios o locales no confesionales y libres de simbología religiosa”.

Desde el grupo político Participa Sevilla (Podemos) se propone también el retiro de la denuncia contra una procesión blasfema realizada en mayo de 2014 y por la cual hay cinco personas procesadas.

En relación con esta procesión, los partidos Izquierda Unida y Participa Sevilla (Podemos) votaron el viernes por una moción de apoyo. Sin embargo, esta fue rechazada gracias a los votos en contra de los grupos municipales PP, PSOE y Ciudadanos.

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Miles de personas en contra

Por su parte, la plataforma en defensa de la libertad religiosa MasLibres.org comenzó una recogida de firmas en contra de estas medidas y que actualmente cuenta con más de 61 mil apoyos de ciudadanos.

Desde la plataforma ciudadana Hazte Oír, aseguran que estas medidas son un intento de “acabar con la Semana Santa” y advierte que de triunfar en Sevilla, “llevarán sus provocaciones laicistas a otras corporaciones”.

Además recuerdan recientes actos como el Padrenuestro blasfemo en Barcelona, la exposición con formas consagradas en Pamplona y la reciente propuesta de la alcaldesa de Madrid de cambiar el nombre de Semana Santa a “semana de festividades”.

Cinco imputados por procesión blasfema

En su momento, Abogados Cristianos denunció la procesión blasfema por considerar que tenía como objetivo “menospreciar y ofender los sentimientos religiosos de los creyentes”.

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Según explican desde Abogados Cristianos, en un primer momento se imputó a dos representantes de la organización convocante por un delito contra los sentimientos religiosos y otro contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, pudiendo incurrir en penas de hasta tres años de cárcel.

Ante el apoyo que ha recibido esta procesión por parte de los partidos políticos de izquierda, Abogados Cristianos recuerda al ayuntamiento de Sevilla que no se puede “inmiscuir ni presionar a los jueces y al fiscal, porque no ha habido arrepentimiento por parte de las personas que participaron en la procesión”.

Abogados Cristianos denunció también esta ofensiva laicista impulsada por el ayuntamiento andaluz “con la que muchos sevillanos se sienten ofendidos”.