Más 30 mil personas en varios países de América Latina acudieron a sus respectivas cancillerías para pedir a sus gobiernos que defiendan su soberanía ante la pretensión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de imponer el matrimonio y la agenda gay.
El 9 de enero la Corte Interamericana dio a conocer su respuesta a una serie de consultas planteadas por Costa Rica, y resolvió que el estado debía facilitar los trámites de cambio de registro de identidad de género y abrir las puertas al mal llamado "matrimonio" gay.
En el documento, de fecha 24 de noviembre de 2017, la Corte pidió además a los estados bajo su jurisdicción que venzan las "dificultades institucionales para adecuar su legislación y extender el derecho de acceso a la institución matrimonial a las parejas del mismo sexo".