Ayer 14 de agosto el Comité de Apropiaciones de la Asamblea Estatal de California detuvo la propuesta SB-131, un proyecto de ley que fomenta la extorsión contra las organizaciones sin fines de lucro, especialmente las escuelas católicas y entidades de caridad, bajo la excusa de proteger a las víctimas de abuso sexual.

La propuesta necesitaba nueve votos a favor para pasar a votación en el pleno de la Asamblea. Sin embargo, solo obtuvo el apoyo de seis legisladores, cuatro rechazaron la medida y siete no votaron.

Aunque trata de un importante golpe a las perspectivas futuras del proyecto de ley, el senador Jim Beall de San José, autor de la polémica medida, solicitó y recibió la "reconsideración" de su propuesta. De esta manera, el Comité puede volver a votar sobre este proyecto y tiene dos reuniones más antes de la fecha límite para aprobarla o rechazarla definitivamente.

La polémica propuesta suspendería por un año el límite llamado "ley de prescripción civil", para permitir que cualquier adulto que alegue haber sido víctima de abuso sexual en su infancia pueda entablar una demanda contra los empleadores del acusado, quien podría ya estar muerto.

El Arzobispo de Los Ángeles, Mons. José H. Gómez, ha pedido a los católicos que contacten a los asambleístas y les pidan votar en contra de esta medida, a través de este enlace: http://www.la-archdiocese.org/gov/Pages/SB131-SP.aspx

Según sus críticos, la propuesta apunta contra la educación privada en general y la católica en particular. No cumple con el deber de proteger a todas las víctimas de abuso sexual; discrimina a las escuelas católicas y los empleadores privados; y pone en riesgo la labor de los servicios sociales y educativos de la Iglesia al responsabilizarlos de presuntos crímenes de ex empleados.

Más de 70 mil personas enviaron mensajes electrónicos a los asambleístas de California para que rechacen la propuesta. Diversas organizaciones civiles respaldan este rechazo. La Raza Roundtable, que agrupa a numerosos grupos latinos, se ha sumado a este pedido y explicó que "no hay dos clases de víctimas y no hay dos clases de justicia".

El presidente de la Liga Católica, Bill Donohue, saludó el resultado de la primera votación y explicó que este proyecto de ley busca "castigar a la Iglesia Católica por delitos que presuntamente han sido hace cometidos hace décadas" en vez de proteger "a los menores en la actualidad. El proyecto de ley también es una afrenta a la justicia a otro nivel" pues da un pase a los abusadores que trabajan en las escuelas públicas.