El juicio penal contra el Cardenal Joseph Zen, Obispo Emérito de Hong Kong, ha sido retrasado debido a que la jueza que presidía el caso dio positivo a COVID-19, informaron los medios de Hong Kong.

El Purpurado de 90 años iba a ser juzgado a partir del lunes por su papel como fideicomisario de un fondo legal a favor de la democracia, que el Cardenal y otras cinco personas están acusadas ​​de no registrar civilmente.

El Cardenal Zen es un abierto defensor de la libertad religiosa y la democracia, y un fuerte crítico del acuerdo firmado en 2018 por el Vaticano y China sobre el nombramiento de obispos.

Los medios locales informaron el fin de semana que el juicio, que se esperaba concluyera el 23 de septiembre con un veredicto, ha sido retrasado al menos dos días porque la magistrada permanente Ada Yim Shun-yee contrajo COVID-19. 

El Purpurado está libre bajo fianza desde principios de mayo.

Además del Purpurado, han sido acusados la abogada Margaret Ng, la cantante y activista Denise Ho, el estudioso de estudios culturales Hui Po-keung, el activista Sze Ching-wee y el exlegislador Cyd Ho.

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A todos el régimen comunista los acusa de no solicitar el registro de la sociedad Fondo Ayuda Humanitaria 612, entre el 16 de julio de 2019 y el 31 de octubre de 2021.

Todos los acusados ​​se han declarado inocentes; sin embargo, Cyd Ho ya está encarcelado por un cargo diferente.

El fondo ayudó a los manifestantes a favor de la democracia a pagar sus honorarios legales hasta que fue disuelta en octubre de 2021. 

Los abogados defensores argumentan que los acusados tenían derecho a asociarse según la Ley Básica de Hong Kong, el marco legal creado cuando Gran Bretaña entregó su excolonia a China en 1997.

Al parecer, hasta el momento el Cardenal Zen y sus cinco compañeros no han sido acusados ​​en virtud de la ley de seguridad nacional de Hong Kong que penaliza ampliamente la "sedición" y la "colusión con fuerzas extranjeras", y que habría conllevado penas mucho más graves.

El juicio se llevará a cabo en chino con los argumentos finales en inglés, informó HKFP en agosto. Sin la acusación de la ley de seguridad nacional, ​​solo podrían enfrentar una multa de hasta 1.750 dólares, informó Asia News.

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Hong Kong es una región administrativa especial de China que tiene su propio gobierno, y sus ciudadanos han disfrutado históricamente de una mayor libertad de religión que en China continental, donde los creyentes son vigilados y restringidos rutinariamente por el gobierno comunista.

Sin embargo, en los últimos años, Beijing ha tratado de reforzar el control sobre las prácticas religiosas en Hong Kong con el pretexto de proteger la seguridad nacional.

El Cardenal Zen dirigió la Diócesis de Hong Kong de 2002 a 2009, y es uno de varios católicos de alto perfil que se han enfrentado al gobierno chino en los últimos años.

Figuras católicas a favor de la democracia, como el magnate de los medios Jimmy Lai y el abogado Martin Lee, han atraído la atención de la prensa por sus arrestos a manos de las autoridades chinas.

En medio del juicio al Cardenal Zen, la Santa Sede continúa trabajando para la renovación del acuerdo China-Vaticano para el nombramiento de obispos, acordado por primera vez en 2018.

Ese acuerdo estaba destinado a unificar a los 12 millones de católicos del país, divididos entre la Iglesia clandestina y la Asociación Católica Patriótica China administrada por los comunistas, y despejar el camino para el nombramiento de obispos para las diócesis chinas. 

A pesar del trato, la persecución de la Iglesia clandestina ha continuado y, según algunos, se ha intensificado.

El Secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, insinuó recientemente a CNA –agencia en inglés del Grupo ACI– que ha trabajado para cambiar algunos términos del acuerdo, aunque se desconoce cuáles podrían modificarse, dado que el documento aún es secreto.

Traducido y adaptado por Eduardo Berdejo. Publicado originalmente en CNA.