Gobierno por decreto de Chávez viola voluntad de venezolanos, dice Presidente del Episcopado

El Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Mons. Ubaldo Santana, criticó la Ley Habilitante que permite al Presidente Hugo Chávez gobernar por decreto, porque no respeta la voluntad de los venezolanos de darle más protagonismo a la oposición en la nueva Asamblea Nacional.

En entrevista concedida a ACI Prensa este 12 de enero, el Prelado dijo que la Ley Habilitante cercenó al nuevo Parlamento "una buena porción de sus facultades" y ahora está limitado en la capacidad de responder a los anhelos de los venezolanos.

Mons. Santana recordó que en las elecciones legislativas del 26 de septiembre, el pueblo quiso dar "una mayor apertura" a la política de Venezuela eligiendo a "actores de distintos pensamientos políticos que intervengan en el diseño, en la aprobación de leyes".

Sin embargo, dijo, el Congreso saliente –que estuvo dominado totalmente por el Gobierno–, no respetó esta voluntad y decidió dar poderes especiales a Chávez para que gobierne por decreto durante 18 meses, ocupando "un espacio importante del periodo que le corresponde a la Asamblea actual".

"Esto es preocupante porque para que una democracia se consolide es importante que cada unas de sus instancias los poderes públicos puedan funcionar", indicó.

Mons. Santana rechazó el argumento del Gobierno de que era necesaria una Ley Habilitante para enfrentar la emergencia de las lluvias, porque "no fueron tragedias que se salieran de lo que la conducción normal de un Gobierno podría llevar a cabo a través de sus diversos poderes".

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El 17 de diciembre la Asamblea Nacional saliente aprobó la Ley Habilitante para que Chávez pueda dictar decretos sobre ordenación territorial, economía, seguridad ciudadana y jurídica, desarrollo integral y uso de tierras, infraestructura, atención a la emergencia de las lluvias, vivienda, seguridad y defensa nacional, cooperación internacional, entre otros.

Para la oposición, lo que Chávez quiere con la ley es recortar los espacios de libertad de sus críticos y superar el escollo que resultó ser la elección parlamentaria del 26 de septiembre de 2010.

En esos comicios la oposición obtuvo 67 escaños frente a los 98 del oficialismo, que de esta manera perdió la mayoría calificada de 110 diputados necesaria para aprobar leyes orgánicas, cambiar a miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia y, de querer hacerlo, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.