A pesar de haber postergado repetidamente su prometida reforma a la Ley del Aborto, el Gobierno español presidido por Mariano Rajoy, presentó recientemente un proyecto legislativo que buscará el “bienestar animal” y mayor protección para los animales “en el ámbito de la experimentación y otros fines científicos”.

Según denunció la plataforma Hazteoír, el Gobierno de España busca aumentar la protección para “determinados invertebrados, como los cefalópodos, y a determinadas formas fetales de los mamíferos”, pero no manifiesta la misma diligencia para “eliminar la perversa ley del aborto, que mantiene tras más de un año de gobierno y que impide cualquier bienestar a los embriones y fetos humanos”.

Ya en noviembre de 2012, en declaraciones a ACI Prensa, el presidente de HazteOír, Ignacio Arsuaga, criticó que se ponga al animal por encima del hombre, ya que esto lleva a exterminios preocupantes, “como el que sufren las personas con Síndrome de Down, por ejemplo”.

En esa ocasión, Arsuaga indicó que en octubre de 2012 “un cazador fue multado en España con 11,600 euros por haber causado la muerte de cuatro aves rapaces con el uso de pesticidas. Ese mismo mes, alrededor de 9,000 niños fueron abortados en España”.

“El Estado, lejos de penar esta práctica, la ha subvencionado con un gasto cercano a los 4 millones y medio de euros. Este simple ejemplo da la medida de la desproporción -cuando no esquizofrenia social- en la que vivimos", señaló.

Para la plataforma pro-vida española, con esta nueva propuesta legislativa, el Gobierno de Mariano Rajoy “se muestra así descaradamente despreciativo con la vida humana, al demostrar más preocupación y diligencia en cumplir la normativa europea en cuanto al cuidado animal que en el cuidado de la vida humana”.

“Esta semana (el ministro de Justicia) Gallardón volvió a anunciar un retraso en la reforma del aborto, por tercera vez, mientras seguimos padeciendo un verdadero holocausto de vidas humanas”, denunció.

Para HazteOír, el Gobierno del Partido Popular “tampoco demuestra ningún interés en cumplir con la jurisprudencia europea que prohíbe patentar productos fruto de la experimentación embriones o fetos de seres humanos”.

“España no sólo no cumple las normativas europeas de defensa de la vida humana sino que sigue financiando una experimentación deshumanizadora que no sirve para nada, desoye a los científicos españoles y sigue manteniendo la Ley del 2003 de la entonces ministra Ana Pastor y que se permitió la experimentación y destrucción de embriones sobrantes de la fecundación in vitro”, denunció.