Foro de la Familia y REDMADRE presentan proyecto de ley de protección de la maternidad en España

El Foro de la Familia y la Fundación REDMADRE han exigido al Gobierno español que se acompañe a la reforma de la ley del aborto una ley de protección a la maternidad para lograr leyes justas que protejan tanto la vida como a la mujer embarazada.

El Foro de la Familia y la Fundación REDMADRE han enviado al Ministerio de Justicia sus alegaciones al anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer.

Se trata de un documento de 11 páginas que se acompaña de un proyecto de ley de protección a la maternidad completamente desarrollado y articulado. El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, y la directora general de la Fundación REDMADRE, Carmina García-Valdés han presentado ante los medios de comunicación estas alegaciones.

Benigno Blanco ha valorado el anteproyecto de ley destinado a sustituir la 'ley del aborto' de ZP/Aído y ha destacado que "este anteproyecto de ley no es el proyecto del Foro de la Familia, pero es un paso adelante muy importante en la buena dirección. Valoramos positivamente  que derogue la ley de 2010 íntegramente, que suprima el llamado 'sistema de plazos', que restablezca la protección de los portadores de minusvalías frente al 'aborto eugenésico', que exija más seriedad en la comprobación del 'supuesto terapéutico', que proteja la objeción de conciencia del personal sanitario, que establezca un sistema de información y asesoramiento a la mujer embarazada en clave de protección a la vida del no nacido, que vuelva a proteger a las menores de edad frente al aborto restableciendo la presencia y derechos de los padres".

También ha declarado que "este anteproyecto es un primer paso, insuficiente, pero relevante, para conseguir llegar al objetivo para nosotros irrenunciable: un país sin abortos, una nación con leyes que protejan siempre y sin excepción alguna la vida del aún no nacido y el derecho de toda mujer a ser madre".

Benigno Blanco ha afirmado que espera que el anteproyecto de ley sea mejorado en este trámite de consultas previas a su remisión al Parlamento, por eso el Foro de la Familia y la Fundación REDMADRE han hecho sus propuestas al Ministerio de Justicia de España.

Entre los aspectos más relevantes que el Foro de la Familia y la Fundación REDMADRE exigen que se modifiquen para que la ley suponga de verdad un avance sustancial respecto a la ley de 2010, piden que "los médicos que emiten el informe previo para el aborto terapéutico han de ser funcionarios públicos, a fin de garantizar totalmente la obligación estatal de comprometerse en la comprobación del supuesto de hecho de algo tan serio como la no punibilidad de un aborto".

Destacan que "debe suprimirse la previsión de que el aborto forme parte de la cartera básica del sistema nacional de salud pues la financiación pública del aborto no es coherente con el carácter delictivo de esta conducta".

También aclaran "la exigencia de que la objeción de conciencia sea declarada por el interesado en la semana siguiente a tomar posesión de su plaza no es respetuosa con el ejercicio de un derecho fundamental y debe suprimirse".

El Foro de la Familia y REDMADRE destacan que "la ley debe incorporar una regulación de políticas activas de apoyo a la maternidad pues en caso contrario se incumpliría el programa electoral del PP y se generaría un desequilibrio injusto en la regulación que se propone".

En ese sentido precisan que "para garantizar la información y transparencia que resultan imprescindibles para evitar que se reproduzca el fraude de ley sistemático que existió en materia de aborto entre 1985 y 2010, hay que prever que la Inspección de Sanidad realice un seguimiento permanente de los abortos que se practiquen tanto en los centros públicos como en los centros privados acreditados y haga un informe trimestral que se elevará al titular del Ministerio de Sanidad y posteriormente al Congreso de los Diputados y al Senado".

La directora general de la Fundación REDMADRE, Carmina García-Valdés, ha explicado que el anteproyecto debe complementarse con una regulación del derecho a la maternidad y de protección a la mujer embarazada, especialmente porque así estaba previsto en el programa electoral del Partido Popular en las últimas elecciones generales.

"Este objetivo puede conseguirse, bien con la adición de un nuevo titulo al propio anteproyecto, bien con la aprobación en paralelo de una ley específica sobre esta materia", ha declarado García-Valdés.

Para facilitar esta exigencia, el Foro de la Familia y la Fundación REDMADRE han remitido al Ministerio un proyecto de ley de protección a la maternidad que debería aprobarse y tramitarse en paralelo al anteproyecto para que el Ordenamiento camine en paralelo hacia una mayor protección de la vida del concebido y una mayor protección de la mujer para que ninguna se sienta sola ante los problemas derivados de un embarazo imprevisto.

La directora general de la Fundación REDMADRE explicó que "este proyecto de ley está redactado teniendo en cuenta las actuales circunstancias presupuestarias y permite, en consecuencia, una aplicación con incidencia en el gasto público controlada. Su aprobación no supondría directamente un mayor gasto público pero permitiría ir arbitrando políticas públicas de apoyo a la maternidad".

"La finalidad de esta ley es la creación de un marco legal adecuado para la protección del derecho de la embarazada a ser madre y el establecimiento de una serie de actuaciones por parte de los poderes públicos que tengan como elemento nuclear la ayuda a la mujer embarazada y la consideración de la maternidad como un bien individual y social, así como la protección de los  derechos del concebido pues éstos redundan en fundamento de aquella, ha asegurado García-Valdéz.

Entre las novedades del proyecto de ley de protección de la maternidad, la directora general de REDMADRE resaltó las propuestas por las que "se regulan las políticas públicas de apoyo a la maternidad  y los derechos de la mujer embarazada. La ley persigue crear un entramado de actuación público-privada que permita que toda mujer en una situación de desamparo social, laboral o económico, o de grave riesgo físico o psíquico, tenga una asistencia integral en sus aspectos, psicológico, médico en general y económico a través de la cual se le facilite al máximo la posibilidad de ejercer su derecho a ser madre".

Además "se hace una novedosa regulación de los derechos del concebido aún no nacido acorde con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Convención de Naciones Unidas en la materia suscrita por España. Esta regulación es la otra cara de la protección de la maternidad pues de los derechos del no nacido surgen los derechos de la  mujer a que se facilite su maternidad".