26 de febrero de 2007 / 12:10 AM
La Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) expresó su rechazo a que sean las autoridades civiles quienes decidan si se inhabilita o no a algún religioso acusado de abuso sexual infantil, porque, recordó, ello es potestad de las autoridades eclesiásticas; sin que ello signifique que los infractores no deban responder por sus actos ante la sociedad.
A través de un comunicado, la Oficina de Prensa se refirió a las reformas de los códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales aprobadas por el Senado. El texto advirtió que en materia de explotación sexual infantil, la nueva legislación entra en conflicto con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que "prohíbe expresamente la intervención de las autoridades en los asuntos internos de las asociaciones religiosas, como nombrar o inhabilitar a los ministros de culto".
El comunicado señaló que es importante defender a los niños mexicanos, principalmente a aquellos víctimas de atropellos, explotación y corrupción, como "las redes tenebrosas de la prostitución infantil, de la pornografía y de la execrable pederastia".