26 de febrero de 2007 - 12:10 AM

Expresan oposición a intromisión estatal en las iglesias

Redacción ACI Prensa

Expresan oposición a intromisión estatal en las iglesias

La Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) expresó su rechazo a que sean las autoridades civiles quienes decidan si se inhabilita o no a algún religioso acusado de abuso sexual infantil, porque, recordó, ello es potestad de las autoridades eclesiásticas; sin que ello signifique que los infractores no deban responder por sus actos ante la sociedad.

A través de un comunicado, la Oficina de Prensa se refirió a las reformas de los códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales aprobadas por el Senado. El texto advirtió que en materia de explotación sexual infantil, la nueva legislación entra en conflicto con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que "prohíbe expresamente la intervención de las autoridades en los asuntos internos de las asociaciones religiosas, como nombrar o inhabilitar a los ministros de culto".

El comunicado señaló que es importante defender a los niños mexicanos, principalmente a aquellos víctimas de atropellos, explotación y corrupción, como "las redes tenebrosas de la prostitución infantil, de la pornografía y de la execrable pederastia".

Asimismo, añadió que cuando los que cometen estos delitos son ministros de culto, ellos, "como toda persona, están obligados a responder por sus actos ante la sociedad y ante las autoridades", ya que su condición de religiosos "no les otorga fuero o privilegio alguno", y están "sujetos a la legislación civil o penal, local o federal, según corresponda".

Sin embargo, indicó, "su carácter religioso y el ejercicio de su ministerio es una cuestión que queda en manos de la institución religiosa a la que pertenece", y le corresponde a esta "resolver la inhabilitación, retiro o cese del ministerio que desempeña".

"En el caso de la Iglesia Católica, de acuerdo a las leyes eclesiásticas, al comprobarse que un religioso ha incurrido en algún delito, y concretamente en el caso de la pederastia, es suspendido de inmediato, iniciándose el proceso interno, hasta culminar con la suspensión definitiva de su ministerio", afirmó.

El comunicado expresó que es importante que las leyes no tengan "huecos ni errores" para poder caminar "con pasos firmes hacia una sociedad más justa". En ese sentido, afirmó que siempre "serán bien recibidas las medidas legales" que sancionen "las gravísimas ofensas a la dignidad de los niños", ya que "se trata de auténticos delitos contra la humanidad, que, como tales, deben ser reconocidos y castigados".

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