Estado de Brasil prohíbe uso del “lenguaje inclusivo” en las escuelas

El Gobierno de Mato Grosso do Sul (Brasil), prohibió el uso de lenguaje neutral en las escuelas, en documentos oficiales y materiales didácticos.

El proyecto de ley fue aprobado por la Asamblea Legislativa del estado a principios de diciembre y fue sancionado por el gobernador Reinaldo Azambuja. El texto fue publicado en el Diario Oficial del estado el 30 de diciembre y determina el uso obligatorio del estándar de idioma portugués.

El lenguaje neutral -también llamado "inclusivo"-, es defendido por activistas de la ideología de género y promueve el uso de expresiones que no son ni masculinas ni femeninas. Por tanto, sustituyen las vocales "o" y "a", por ejemplo, por "e" o "x", para expresar lo que clasifican como género neutro o no binario. Así, palabras como "todos" y "todas" se escriben como "todes" o "todxs", "niño" o "niña" se escriben como "niñe", entre otras.

La Ley Nº 5.820 del estado de Mato Grosso determina que "es obligatorio el uso de la norma portuguesa en los instrumentos de aprendizaje utilizados en el ámbito escolar, en los documentos oficiales y en la producción de materiales didácticos, como forma de estandarizar el idioma oficial del país". Esta regla solo no se aplica "en los casos en que existe la necesidad de utilizar la lengua indígena en el entorno escolar".

El proyecto de ley fue impulsado por el diputado estatal Marcio Fernandes y aprobado por la Asamblea Legislativa el 8 de diciembre, por 14 votos contra 1.

Ese día, el congresista escribió en sus redes sociales que "puede parecer extraño tener una ley solo para obligar a las escuelas a enseñar lo que es correcto, pero ya hay gente que quiere imponer un lenguaje neutral en todas partes, sin debatir con la sociedad".

"El nuevo acuerdo ortográfico se hizo obligatorio en 2016 y aún hoy hay mucha gente con dificultades para adaptarse. Y para discutir la inclusión, todavía tenemos muchas otras prioridades, como tener cartas en braille, servicio en libras, rampas de acceso en los establecimientos, entre otras", comentó.

En octubre de 2021, el gobierno del estado brasileño de Rondônia también prohibió el uso de lenguaje neutral en las escuelas. La ley estatal 5.123 / 2021 estableció "el derecho a aprender el idioma portugués de acuerdo con la norma culta y los lineamientos legales de enseñanza establecidos sobre la base de los lineamientos nacionales de Educación, el Vocabulario Ortográfico de la Lengua Portuguesa (VolP) y la gramática preparada en de acuerdo con los términos de la reforma ortográfica ratificada por la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa - CPLP".

Además, indicó que quedaba prohibido el "lenguaje neutro" en el currículo y material didáctico de las instituciones educativas públicas o privadas, así como en las licitaciones públicas".

La ley de Rondônia fue objeto de una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Confederación Nacional de Trabajadores de Establecimientos Docentes (Contee) ante el Tribunal Supremo Federal (STF). En una orden judicial en noviembre de 2021, el ministro Edson Fachin ordenó la suspensión de la ley a la espera de un juicio sobre la acción.

Según Fachin, "el riesgo de su aplicación inmediata, silenciando a profesores, alumnos y alumnas, es inmenso y, como tal, justifica la actuación excepcional de este Tribunal".

El 3 de diciembre comenzó el juicio virtual de la acción de inconstitucionalidad, pero el ministro Kassio Nunes Marques solicitó que se retire del entorno virtual y se lleve al pleno presencial. Aún no hay fecha para el juicio.

En junio de 2021, el Gobierno del estado de Santa Catarina decretó el uso obligatorio del idioma portugués en las instituciones educativas públicas y privadas y juntas examinadoras para exámenes públicos. El Gobierno local manifestó en un comunicado que, "en la práctica, el contenido no se referirá a un lenguaje neutro de género, que no existe en portugués y que es contrario a las reglas gramaticales consolidadas en el país".

El Partido de los Trabajadores presentó ante el STF una acción directa de inconstitucionalidad contra el decreto estatal de Santa Catarina ADI, aduciendo que viola los principios constitucionales de igualdad, no discriminación, dignidad humana y derecho a la educación. El juicio aún no ha comenzado.

Traducido y adaptado por Eduardo Berdejo. Publicado originalmente en ACI Digital.