El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves de forma definitiva la nueva ley del aborto, cuyas disposiciones son aún más lesivas que las de la norma de 2010 avalada por un Tribunal Constitucional (TC) bajo sospecha de parcialidad.
La nueva ley pretende invertir la tendencia sostenida por la que el aborto se realiza en centros privados debido a la objeción generalizada de los profesionales de la red sanitaria estatal.
Para ello, se impone un registro público y obligatorio de objetores de conciencia.
Así mismo, se prevé obligar a los farmacéuticos a dispensar la píldora del día después, lo que limita el derecho a la objeción de los boticarios.
Por otro lado, se elimina la obligación de entregar información completa sobre los procedimientos, los riesgos de la intervención y las ayudas y alternativas en caso de no abortar.
Del mismo modo, se termina con el periodo de tres días de reflexión que estaba establecido.
Sobre esta cuestión, destaca el hecho de que el Partido Popular (PP) haya apoyado una enmienda en el Senado para impedir la propuesta de información reforzada que impulsó VOX en Castilla y León y que suscitó una fuerte polémica en las últimas semanas.
Esta suponía ofrecer a la mujer embarazada en riesgo de aborto la posibilidad de contar con una ecografía en 4D.
Además, las mujeres que aborten tendrán derecho a un periodo de incapacidad temporal posterior.
La nueva norma restablece que las menores de edad, de 16 y 17 años, puedan abortar sin conocimiento de los padres. Este punto era el único reformado por el PP cuando contaba con mayoría absoluta en el Congreso, a pesar de que había prometido derogar la ley de 2010.
Por otro lado, las mujeres con discapacidad tampoco necesitarán contar con el apoyo de sus tutores legales.
La norma recién aprobada determina asimismo que el hecho de haber abortado no quede reflejado en el historial clínico de la mujer después de cinco años.
Se intensificará el reparto de métodos anticonceptivos de barrera en institutos, centros penitenciarios y centros de servicios sociales.
Al tiempo, la ley prevé el fomento de la investigación sobre la anticoncepción masculina en aras de "la corresponsabilidad de los hombres", según informa el Gobierno.
Además, la píldora del día después o del día siguiente estará disponible de forma gratuita en los ambulatorios y en los nuevos "centros públicos de atención especializada en derechos sexuales y reproductivos".
Otra de sus disposiciones es la imposición de educación sexual basada en la ideología de género en todas las etapas educativas, fomentando el uso de anticonceptivos, la promiscuidad sexual, las relaciones entre personas del mismo sexo, entre otros, desde la más tierna infancia.
La ley califica como "formas de violencia reproductiva" el embarazo, el aborto, la esterilización y la anticoncepción forzadas. También los vientres de alquiler.
A petición de ACI Prensa, algunas organizaciones provida españolas han expresado su valoración de la aprobación de esta nueva ley del aborto.
La rama española del movimiento 40 Días por la Vida considera que la nueva ley "es una sentencia de muerte para España" y que "las instituciones que velan por el bien de los ciudadanos nos han fallado".
La organización denuncia que "aquellos que se posicionaban a favor de la vida han mirado para otro lado durante más de 13 años". Y también en referencia velada al Partido Popular, señala que ahora "aplauden la ley que priva del derecho a la vida a tantos inocentes".
Por otro lado, subraya la disminución de la información disponible para las mujeres en riesgo de aborto y defiende que "elegir con libertad es tener toda la información disponible al alcance de cada mujer que se plantea el aborto".
Desde 40 días por la Vida recuerdan que el aborto es "una intervención en la que también peligra la vida de la madre", y que "seguir adelante con un embarazo a pesar de las dificultades es posible".
A su juicio, "hoy, más que nunca, somos conscientes de que el fin del aborto está en nuestras oraciones, en nuestro ayuno por aquellas personas que, de la manera que sea, participan en este crimen contra nosotros mismos".
El próximo 22 de febrero, coincidiendo con el miércoles de Ceniza, 40 Días por la Vida comienza su campaña de Cuaresma en 21 ciudades de España.
"Rezaremos, como siempre, de manera pacífica y silenciosa, acompañando nuestros turnos de oración con el ayuno", anuncian, al tiempo que llaman "a todos los cristianos, a los religiosos y religiosas y a los obispos para que nos apoyen en esta batalla".
La portavoz de la plataforma Derecho a Vivir, Inmaculada Fernández, considera que la nueva norma es "la más mortífera de las leyes del aborto que se han aprobado en España".
Desde Derecho a Vivir se anima a las madres "a que sigan adelante con sus embarazos, a que aborten sus miedos y no a sus hijos, ofreciendo medios para que el latido del corazón de su hijo no se apague en la soledad de una sala de un centro de abortos".
La portavoz del proyecto Ambulancia Vida, Amelia Bueno, lamenta que se haya confirmado "la desprotección de la vida humana antes de nacer", y señala que "el drama personal y social del aborto nunca puede ser un derecho; es un fracaso".
Ante él, lamenta que lo que ofrece la sociedad frente a un embarazo inesperado "es el descarte en lugar de la acogida, el apoyo y la ayuda. Hoy somos más indignos y menos solidarios".
La presidenta de la Federación Española d eAsociaicones Provida, Alicia Latorre, destaca que esta ley "no solo legitima la muerte de inocentes y priva a las madres de información y de ayuda".
Además, la nueva ley urge a la mujer "para que no reflexione, para que actúe contra su hijo y contra sí misma en un momento de confusión, miedo, incertidumbre y soledad. Una decisión irreversible que hará sangrar su corazón de por vida".
Latorre señala que "es tristísimo que después de más de 40 años de aborto en España, en vez de aprender lo devastador que es y lo tétrico del negocio e ideología que lo sustenta, España, vaya ciega al abismo de la autodestrucción".
El presidente de la Asociación de Investigadores y Profesionales por la Vida (CiViCa) y exmiembro del Comité de Bioética de España, Nicolás Jouve de la Barreda explica que la aprobación de la ley "obedece a una labor de auténtica "ingeniería social" que se viene ejerciendo desde hace años para crear un estado de opinión a favor de algo tan inhumano como el aborto".
Tanto esta ley como la de eutanasia "son leyes trampa, porque ocultan la verdad, se basan en falsedades y atentan a principios mantenidos tradicionalmente por la sociedad", denuncia Jouve.
A su juicio, "para que una ley sea justa es necesario, no solo que sea necesaria, cosa que no explica la acelerada fiebre legislativa a favor del aborto o la eutanasia, sino que se fundamente en unos datos científicos reales y en unos valores y principios de moralidad que la legitimen".
Jouve señala además que las leyes de aborto en España "van en contra de la Constitución Española, diga lo que diga el TC renovado, al señalar que el no nacido no es titular del derecho a la vida, aun cuando el nasciturus es un bien constitucionalmente protegido por el artículo 15" de la Carta Magna.
"Considerar el aborto como un derecho de la mujer constituye una perversión. Negar el derecho a la vida de algunos para afirmar el derecho de otros a extinguirla supone un grave atentado contra la dignidad humana", concluye.
ACTUALIZACIÓN: 16 de feberero de 2023 a las 15:29 GMT+2
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