Episcopado colombiano reitera respaldo a Arzobispo de Manizales

El Presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana (CEC), Mons. Luis Augusto Castro, reiteró el respaldo al Arzobispo de Manizales, Mons. Fabio Betancourt Tirado, ante la orden de arresto por tres días, la cual, señaló, vulnera los tratados internacionales firmados entre la Santa Sede y el Estado colombiano.

La postura del Episcopado "ha sido ante todo darle una voz de aliento al Arzobispo y también defender los principios que están ahí como poco claros, en términos de lo que se puede y no se puede hacer", expresó el Prelado.

En ese sentido, recordó el comunicado de la CEC que advirtió que hay "una infracción a convenios firmados entre el Estado y la Santa Sede". "Evidentemente -señaló-, también tratamos de entender las razones por las que los jueces tomaron esas decisiones, porque podemos darnos cuenta si ha habido o no alguna equivocación".

Mons. Castro señaló que si el Estado colombiano hubiera pensado que el Concordato no era conveniente y que era un privilegio, "no lo hubiera aceptado". Indicó que si lo aceptó es porque "eso ayuda a que se salvaguarde la independencia de las partes" y a que exista "esa mutua colaboración armoniosa entre los dos".

Asimismo, expresó que de hacerse efectiva la orden de arresto, sería porque Mons. Betancourt cumplió con su deber. "A Pedro, a Pablo y a tantos otros los metieron a la cárcel por cumplir con su deber (...). Por cumplir con ese deber de poner de manifiesto que lo que son las decisiones internas de la Iglesia en materia de formación y exclusión de candidatos tienen autonomía, independencia y un fuero especial", recordó.

Como se recuerda, el 24 de abril el Tribunal Superior de Manizales suspendió provisionalmente el arresto de tres días contra Mons. Fabio Betancourt, por no cumplir con una decisión judicial emitida por la denuncia de un ex seminarista que fue expulsado del Seminario de Manizales por robo y conducta homosexual; pero que, según sostiene el demandante, no se le informó los motivos de su separación. Los jueces tienen diez días para decidir si se cumple o anula la orden de arresto.