Ecuador: Arquidiócesis pide defender la vida tras intentos de aprobar el aborto sin límite

Ecuador: Arquidiócesis pide defender la vida tras intentos de aprobar el aborto sin límite
Plantón de la Red de Agentes Provida frente al Congreso el 9 de diciembre de 2021. Crédito: Arquidiócesis de Guayaquil.

La Arquidiócesis de Guayaquil llamó al pueblo ecuatoriano a unirse a la Red de Agentes Provida, iniciativa que busca defender la vida desde la concepción, en medio de debates que que quieren permitir el aborto sin restricciones en Ecuador.

En un reciente comunicado, la Arquidiócesis de Guayaquil invitó a los ciudadanos a inscribirse en la Red de Agentes Provida, una iniciativa del Programa Vida y Familia de la Arquidiócesis, que busca ser voz de los niños por nacer.

La Red de Agentes Provida fue "creada para multiplicar nuestra voz en todas las actividades que estamos preparando para fortalecer la defensa de la vida y la familia", indica el texto.

"Ante el debate por la aprobación del aborto, los invitamos a ser parte de la Red Arquidiocesana de Agentes Provida para convertirnos en una sola voz que defienda a los niños por nacer. Conviértete en un agente provida en tu parroquia ¡Juntos defendemos la vida!", agrega.

En declaraciones a ACI Prensa, Martha Cecilia Villafuerte, coordinadora del Programa Vida y Familia, señaló que "como católicos tenemos el compromiso y la obligación de estar informados y preparados desde nuestras parroquias" para defender la vida desde la concepción, especialmente en medio de un contexto donde se busca introducir la "cultura de la muerte" a toda costa.

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"Nosotros estamos en manos de actores políticos que solo se dedican a legislar hacia una cultura del descarte", dijo, e indicó que la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional de Ecuador está realizando sesiones, que calificó como "show", donde han planteado "de forma descarada" que se permita abortar niños hasta los nueve meses de embarazo.

Desde el 10 de enero, los 10 legisladores que integran la Comisión están revisando los artículos del proyecto de ley titulado "Ley Orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación", que luego de ser aprobado, será entregado al Pleno del Congreso para que sea debatido por segunda vez por los 137 legisladores del país.

Villafuerte señaló que el proyecto de ley "ha despertado un rechazo social muy grande, que traspasa la esfera católica", pues "la ciudadanía se ha dado cuenta que hay un ser humano que necesita ser defendido", que es el niño por nacer.

Al respecto, recordó que el 9 de diciembre, fecha del primer debate del proyecto de ley de aborto ante el Pleno, la Red y muchos ciudadanos más realizaron un plantón frente al Congreso para exigir que el debate escuche la voz de todos; sin embargo, "no se han plasmado ninguna de las observaciones por parte de las organizaciones civiles que están en contra del proyecto".

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Como ciudadanos "rechazamos todo tipo de violencia y defendemos el derecho humano a la vida", por eso planteamos y buscamos iniciativas "que vayan a la causa, a la raíz del problema y no a la consecuencia", afirmó. "La familia, que es el núcleo de la sociedad, debe fortalecerse, así como la comunicación entre padres e hijos", agregó.

Frente a ello, señaló que planean otra movilización para el 25 de enero, fecha en que posiblemente se realizará el segundo debate en el Pleno. Villafuerte denunció que la Comisión está "sesgada" y que sus miembros "ya están determinados" a insertar "todos sus antojos" de forma "inescrupulosa" y "descarada"; pero "la ciudadanía está bastante pendiente y les ha escrito".

Además, Villafuerte recordó que el proyecto de ley presenta muchos errores; como el uso del término "interrupción del embarazo". Recordó que esto es incorrecto, pues no es un "cese momentáneo de un proceso" que pueda ser reanudado a futuro.

Señaló que el término real y crudo es "eliminación" de una vida en el vientre materno, pero "no lo quieren usar". En cambio, criticó, utilizan la palabra "interrupción" como una forma de "manipulación para normalizar y romantizar la cultura de la muerte".

También, recordó que el proyecto de ley al inicio fue titulado por la Defensoría del Pueblo como "Ley Orgánica que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación", y que la palabra fue retirada recientemente por la Comisión.

Pese a que en la sentencia la Corte Constitucional no "lo tipifica como derecho", la "Defensoría del Pueblo, que fue asignada para redactar el proyecto de ley por la Corte", es una "caja de pandora" que incluyó la palabra "derecho" y "cambió muchas cosas más" que no se le habían pedido, dijo.

Además, recordó que "la sentencia solo trata el artículo 150 y se le pide que quite una palabra: 'discapacidad'; sin embargo, asambleístas, feministas, […] dentro de la Comisión han propuesto que se le agreguen tres causales: inseminación no consentida, incesto y estupro".

En ese sentido, dijo que el objetivo de la Red Arquidiocesana de Agentes Provida es conectar a los feligreses interesados en la causa provida con sus párrocos locales, para articular acciones a favor de la defensa de la vida en el país.

Explicó que la red "nace como respuesta de la necesidad de los fieles", pues "muchas veces nosotros como creyentes estamos activos en las calles", participando en actividades a favor de la defensa de los no nacidos, "pero en nuestras parroquias no se transmite la información".

En ese sentido, la Red, que inició sus actividades en octubre de 2021, busca formar una base de datos exclusivamente entre parroquias que ayude a convocar y "difundir de forma más directa" todas las acciones provida que se estén realizando, como cursos, capacitaciones, manifestaciones, etc.

Villafuerte expresó su preocupación "porque hay mucha desinformación, hay falta de conciencia" frente a la defensa de la vida, pues "lamentablemente, estamos muy manipulados por una cultura de la muerte que quiere conformarse con el mal menor", que es el aborto.

Además, "estamos ante un adormecimiento, tal vez provocado por la pandemia del COVID-19", que hace que algunos ciudadanos estén "bajando los brazos ante una sentencia que permite establecer semanas para eliminar la vida en el vientre materno".

"Nuestra postura debe ser rotunda, radical y tajante. La vida se defiende desde el día uno y no podemos permitir que se interpongan límites de gestación", concluyó.

Los interesados en inscribirse en la Red de Agentes Provida, pueden hacer clic AQUÍ.

Aborto en Ecuador

Actualmente, 10 legisladores de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional de Ecuador están sesionando para revisar los artículos del proyecto de "Ley Orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación", a través del que se buscaría eliminar todas las restricciones para la práctica del aborto en el país.

Se espera que la última sesión sea el viernes 14 de enero, fecha en que la Comisión de Justicia deberá terminar la revisión del texto y entregar la versión final del proyecto de ley, para que sea debatido por segunda vez ante el Pleno de la Legislatura, conformado por 137 legisladores. Se espera que el nuevo debate sea el 25 de enero.

El 9 de diciembre de 2021 fue el primer debate del proyecto de ley, en el que además de los legisladores participaron asociaciones civiles. Ese mismo día, ciudadanos ecuatorianos realizaron un plantón frente al Congreso para exigir que se escuchen e incluyan sus observaciones.

Entre los cambios realizados el 10 y 12 de enero, la Comisión aprobó que el aborto en casos de violación se aplique en el plazo máximo "de 28 semanas para mujeres mayores de 18 años", y además, estableció "no fijar plazos para niñas, adolescentes o mujeres con discapacidad". Este punto será debatido de nuevo el viernes 14 de enero en la Asamblea, pues algunos legisladores insistieron en que la norma no contemple plazos. También, se terminarán de revisar los artículos restantes.

Según señaló Villafuerte, en el texto del proyecto de ley "la Comisión aprobó que las menores de edad puedan acceder a esta práctica sin requerir el 'acompañamiento' de sus padres; impuso que los médicos tengan un plazo para practicar el aborto, de hasta 4 días máximo de recibirse la solicitud respectiva"; y "no quiere exponer los métodos específicos para realizar los abortos".

Cabe destacar que entre las modificaciones también se aprobó eliminar la palabra "derecho" del nombre del proyecto de ley, término que había sido añadido por la Defensoría del Pueblo en junio de 2021, tras la sentencia de la Corte Constitucional.

El 28 de abril de 2021, la Corte Constitucional de Ecuador sentenció despenalizar el aborto, luego de una votación a favor de la causa 34-19-IN y acumulados, que buscó declarar inconstitucional algunos artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La demanda fue presentada en 2019 por tres organizaciones proaborto: la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Fundación Desafío y el Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

Con la decisión de la Corte Constitucional se aprobó modificar el artículo 150 numeral 2 del COIP. El texto anterior indicaba que el aborto no sea punible en Ecuador cuando "el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer, que padezca de discapacidad"; pero con la sentencia se eliminó la frase condicional "que padezca de discapacidad".

La despenalización del aborto había sido rechazada en Ecuador en 2019 y 2020. En el primer caso, la Asamblea Nacional descartó despenalizar esta práctica para casos de violación, incesto y malformación del bebé en el vientre materno, en el marco del debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

Además, en septiembre del 2020, el expresidente de Ecuador, Lenin Moreno, vetó el polémico Código Orgánico de Salud (COS), que había sido aprobado el 25 de agosto de ese año por la Asamblea Nacional, y pretendía abrir las puertas al aborto, los vientres de alquiler y la enseñanza de la ideología de género a menores.

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