Derecho canónico busca expresar la realidad de la Iglesia, explica Obispo

Derecho canónico busca expresar la realidad de la Iglesia, explica Obispo
Mons. Juan Ignacio Arrieta

El Secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, Mons. Juan Ignacio Arrieta, señaló en una presentación en la Universidad de Navarra en Pamplona (España) que "el Derecho canónico tiene como reto expresar la identidad de la Iglesia con un lenguaje y formas adecuados a la cultura de cada momento".

Estas declaraciones las hizo durante su ponencia en el marco de la jornada de "Dirección de personas en el gobierno patrimonial de las entidades eclesiásticas" organizada por el Grupo de Investigación sobre el Sostenimiento de la Iglesia Católica (GISIC) el pasado  4 y 5 de junio donde asistieron más de 50 expertos entre miembros de equipos de gobierno y gestión de 25 diócesis españolas.

Mons, Arrieta dijo que las leyes de la Iglesia "traducen en formas jurídicas socialmente reconocidas el contenido de la fe", por eso "cuando el Magisterio profundiza en aspectos nuevos, a veces hay que corregir también la formulación de algunas leyes para que expresen mejor la realidad de la Iglesia".

Dijo que en el Derecho de la Iglesia, la flexibilidad es una de las características que se refleja "en su capacidad de adaptación a nuevas realidades- y-de amoldarse a culturas muy diferentes respetando el núcleo fundamental de la fe".

Expuso además sobre cómo "el ordenamiento jurídico de la Iglesia ha sabido adaptarse a las diferentes culturas de la tierra, asumir tradiciones tan diferentes como las de África, Japón, Latinoamérica a lo largo de veinte siglos, siendo siempre fiel a sus principios fundamentales".

"Esta capacidad – anotó el funcionario pontificio - no tiene parangón alguno y es reflejo en campo jurídico de la universalidad de la fe católica".

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Mons. Arrieta hizo referencia al proyecto de revisión del libro VI del Código de Derecho canónico que se refiere a las sanciones en la Iglesia, y mencionó que con algunas opciones hechas en los años setenta "se ha comprobado que eran difíciles de ejecutar, creaban incerteza y complicaban mucho el rol del obispo que tiene que aplicar la ley penal".

Por tanto, explicó que "como ocurre con cualquier ley que se comprueba que no funciona adecuadamente, se ha hecho necesario corregirla", para adaptarlas a nuevas realidades y diferentes culturas.

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