20 de marzo de 2013

Mar 20, 2013

El Consejo de Estado de Colombia advirtió que el único poder del Estado que puede dar una ley del aborto –y su reglamento-, es el Congreso; por tanto declaró nulo el decreto 4444 que emitió el Gobierno de Álvaro Uribe para reglamentar esta práctica de acuerdo al fallo de la Corte Constitucional de 2006.

La prensa informó el lunes que la Sección Primera del Consejo de Estado señaló que con su decreto, el Gobierno trató de reglamentar la sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en tres casos específicos, sin haber una ley y una reglamentación que solo pueden ser expedidas por el Parlamento.

En ese sentido, la Procuraduría General de la Nación recordó ayer que este decreto "ya había sido suspendido provisionalmente, en decisión adoptada por medio de Auto del 15 de octubre de 2009 y confirmada el 26 de noviembre de ese mismo año".

Entre las razones, señaló, se consideró que "se hace imperiosa la necesidad de que el legislador ordinario, en virtud del pronunciamiento de la Corte Constitucional, regule la materia relacionada con el aborto (…), pues de no ser así se llegaría al absurdo de entender que la sentencia de la Corte Constitucional hace las veces de ley y que el Gobierno Nacional puede reglamentar una sentencia".

Por tanto, debido a que ninguna autoridad "se encontraba facultada para aplicar o reproducir el acto suspendido, ni siquiera parcialmente, en reiteradas ocasiones el procurador general Alejandro Ordóñez Maldonado" solicitó al Consejo de Estado, a diferentes autoridades administrativas e incluso a la Corte Constitucional, "que respetaran y garantizaran el cumplimiento de la citada suspensión".

En ese sentido, afirmó que con esta decisión, el Consejo de Estado "confirmó que para reglamentar los casos en que el tipo penal de aborto no constituye delito, y para establecer derechos, obligaciones o responsabilidades en esa materia, entre otros, es imprescindible que exista una Ley de la República".

En declaraciones a la prensa, la procuradora delegada para la infancia y la adolescencia, Ilva Miriam Hoyos, destacó este anuncio porque "desde el 2009 la Procuraduría estaba en desacuerdo con la reglamentación, por lo cual el Consejo de Estado nos da la razón sobre nuestra posición".