La Consejería de Educación de Andalucía ordenó que la avalancha de objeciones de conciencia ante la ideologizada asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) sean resueltas ya no por los delegados provinciales sino por el Viceconsejero de Educación, con lo que reconoce este derecho constitucional de los padres y alumnos a oponerse a esta controvertida asignatura.
La mencionada orden dispone textualmente “avocar la competencia que corresponde, en virtud del artículo 12 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación en relación con la resolución de las solicitudes de reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia frente a la asignatura de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos” y “delegar el ejercicio de la competencia avocada en el Viceconsejero de Educación”.
Según Miguel Gómez de Agüero, Presidente de Profesionales por la Ética en Andalucía, la orden reconoce no solo la realidad que se está produciendo sino que, además, reconoce implícitamente el derecho a la objeción de conciencia al modificar la competencia sobre quien tiene que resolver el asunto.