Un grupo de asesores de la Unión Europea (UE), la Red de Expertos Independientes sobre Derechos Fundamentales, ha emitido una declaración en la que amenaza el derecho de los profesionales de la salud a rechazar ser parte de abortos y otros procedimientos que vayan en contra de sus creencias religiosas. Esta opinión establece que negar el acceso al aborto puede considerarse una violación a los derechos humanos.

Esta red de la UE, comisionada por la Comisión Europea para revisar las condiciones de los derechos humanos en la Unión, emitió esta declaración durante la última semana de diciembre en su informe anual de 40 páginas.

Cada año, desde 2002, la red produce este informe sobre cómo se salvaguardan los derechos humanos en la práctica. También opina sobre algunos asuntos específicos que la Comisión Europea haya solicitado.

Aunque los asesores admitieron el derecho a la objeción de conciencia, advirtieron que tal derecho no es ilimitado”. “De hecho, el derecho a la objeción religiosa de conciencia puede entrar en conflicto con otros derechos, también reconocidos en la ley internacional. En tales circunstancias, debe lograrse un balance adecuado entre los requerimientos conflictivos, que no hagan que un derecho sea sacrificado por otro”, indica el informe.

La opinión establece que “el derecho a la objeción religiosa de conciencia (…) debe ser regulada para asegurar que, en circunstancias en las que el aborto es legal, ninguna mujer sea privada de acceder efectivamente a los servicios médicos del aborto. En opinión de la red, esto implica que el estado involucrado debe asegurar, primero, que un remedio efectivo debe estar disponible en caso de que no se quiera realizar el aborto; segundo, que una obligación deba imponerse sobre el profesional de la salud que se niegue a realizarlo al ejercer su derecho a la objeción de conciencia, de modo que la mujer sea llevada con otro profesional que sí esté dispuesto a practicar el aborto; y tercero, que efectivamente exista otro profesional calificado disponible, incluyendo las áreas rurales o las áreas en las que se está geográficamente alejado del centro”.

Esta opinión sobre el derecho a la objeción de conciencia da algunas luces para un tratado propuesto entre el Vaticano y Eslovaquia. Con este documento, se garantizaría que los hospitales y médicos católicos no estén legalmente obligados a “realizar cualquier tipo de aborto provocado, fertilizaciones asistidas, experimentos o manipulación de órganos humanos, embriones o células sexuales humanas; eutanasia, clonación, esterilizaciones, (y) actos relacionados con la anticoncepción”.

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A la mencionada red se le encargó determinar si es que tal tipo de acuerdo sería una violación a la ley de la UE. Sin embargo, el informe reconoce que sus opiniones y recomendaciones “no son vinculantes”.
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