En este documento se explica que "cuando no estén disponibles vacunas COVID-19 éticamente irreprochables (por ejemplo, en países en los que no se ponen a disposición de médicos y pacientes vacunas sin problemas éticos o en los que su distribución es más difícil debido a las condiciones especiales de almacenamiento y transporte, o cuando se distribuyen varios tipos de vacunas en el mismo país pero, por parte de las autoridades sanitarias, no se permite a los ciudadanos elegir la vacuna que se va a inocular) es moralmente aceptable utilizar las vacunas contra la COVID-19 que han utilizado líneas celulares de fetos abortados en su proceso de investigación y producción".
El documento explica que "la razón fundamental para considerar moralmente lícito el uso de estas vacunas es que el tipo de cooperación al mal (cooperación material pasiva) del aborto provocado del que proceden estas mismas líneas celulares, por parte quienes utilizan las vacunas resultantes, es remota".
De ese modo, "el deber moral de evitar esa cooperación material pasiva no es vinculante si existe un peligro grave, como la propagación, por lo demás incontenible, de un agente patógeno grave: en este caso, la propagación pandémica del virus SARS-CoV-2 que causa la Covid-19".
Una de las ventajas promocionadas de la vacuna Johnson & Johnson es que no requiere refrigeración especializada y se puede administrar en una sola dosis, lo que la hace más atractiva para algunos profesionales de la salud que las vacunas Moderna y Pfizer. Esas vacunas requieren almacenamiento en ultracongelación y se administran en dos dosis.