Argentina se enfrenta a un nuevo ataque a la vida con 3 proyectos para ampliar eutanasia

En diciembre de 2020 el Congreso en Argentina aprobó la despenalización del aborto y, a casi un año de esta fatal decisión, la institución legislativa discute ahora tres proyectos de ley para ampliar la práctica de la eutanasia.

En Argentina, la ley N° 26.742 del año 2012 permite que un paciente que padece una enfermedad irreversible, incurable o está en estado terminal, "tenga el derecho de aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos", así como revocar su voluntad en forma posterior. 

Ahora, los proyectos presentados en las últimas semanas en el Congreso buscan ampliar esa regulación y sentar las bases para una "eutanasia activa", es decir, para que el paciente pueda auto administrarse una sustancia que termine con su vida, o pedir a un profesional de la salud que se la aplique.

El 25 de noviembre fue presentado en la Cámara de Diputados el proyecto "Ley de buena muerte. Regulación de la eutanasia", encabezado por los diputados Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Alejandro Cacace.

Cuatro días después, los senadores de Juntos por el Cambio, Julio Cobos y Pamela Verasay, ingresaron otro proyecto al Senado sobre la "Interrupción voluntaria de la vida".

El 6 de diciembre de 2021 se presentó en la misma Cámara el proyecto de ley "Derecho a la prestación de ayuda para morir dignamente - Ley Alfonso" a cargo de las diputadas Gabriela Estévez, Mara Brawer, Carla Carrizo, Carolina Gaillard, Mónica Macha, Cecilia Moreau, Florencia Lampreabe y Jimena López.

En el proyecto presentado el 6 de diciembre se propone que una persona reciba "la ayuda necesaria para morir dignamente", de acuerdo a los principios, garantías y reglas establecidas en el documento.

De esa manera, contempla la eutanasia provocada y el suicidio asistido, a través de la administración directa de una sustancia al paciente por parte del médico o bien la prescripción para que el enfermo se la pueda auto administrar.

Para acceder a esta práctica, el paciente debe sufrir una "enfermedad grave e incurable", que provoca "sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, en un contexto de fragilidad progresiva" o bien un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante".

Hasta el momento, la persona solicitante de la eutanasia debe tener nacionalidad argentina o residencia en el país no inferior a un año, ser mayor de edad y plenamente capaz, al momento de solicitar la prestación, de expresar su voluntad por escrito, salvo que haya dejado mandato anticipado.

El proyecto respeta la objeción de conciencia como derecho individual de los profesionales de la salud, pero debe derivar "de buena fe" al paciente para que sea atendido por otro profesional.

En tanto, el proyecto "de buena muerte" presentado el Diputados el 25 de noviembre, es similar al anterior, pero regula la eutanasia para menores de edad y con capacidad restringida.

También plantea la existencia de una "Comisión Médica de Asistencia y Evaluación" para verificar si se cumplen los requisitos y condiciones para aplicar la eutanasia.

En este proyecto, si el paciente elige "la administración directa de una sustancia por parte del profesional médico competente", el médico responsable debe asistir al paciente hasta el momento de su muerte.

Si en cambio, la persona elige "la prescripción o suministro de una sustancia, de manera que ésta pueda ser autoadministrada por el paciente, para causar su propia muerte", el médico responsable, "tras prescribir la sustancia que el propio paciente se autoadministrará, mantendrá la debida tarea de observación y apoyo a este hasta el momento del fallecimiento", describe.

En este proyecto, si el paciente no se encuentra "en pleno uso de sus facultades y no pudiera prestar el consentimiento", pero suscribió con anterioridad "un documento" de autorización con las instrucciones previas, testamentos o documentos equivalentes, "se podrá facilitar" la eutanasia.

Cultura del descarte

Frente a la seguidilla de proyectos que buscan legalizar la eutanasia, el experto en bioética, Nicolás Lafferriere, describió que los proyectos recurren a los eufemismos de "buena muerte" o "prestación de ayuda para morir" para encubrir una conducta que "provoca la muerte deliberada de una persona".

Los proyectos están imbuidos de un "individualismo radical, al promover una forma de suicidio y desentenderse del acompañamiento que necesita toda persona que atraviesa una situación terminal".

En definitiva, son proyectos tendientes a una "cultura del descarte" que "se desentiende de los más vulnerables y encubre como supuesto derecho una radical forma de indiferencia ante el que sufre: la de ayudarlo a quitarse la vida".

Por esos motivos, "la eutanasia no es solución a los problemas gravísimos que enfrenta una persona en situaciones de enfermedades graves e incurables, o ante sufrimientos extremos".

En ese sentido, "como sociedad estamos llamados a redoblar los esfuerzos de acompañamiento de las personas sufrientes y vulnerables, incluyendo una oferta completa de cuidados paliativos que lleguen a todas las personas que tienen necesidad de ellos".

Por ese motivo, Laferriere recordó que en el Congreso un proyecto de ley de cuidados paliativos también aguarda por su aprobación y "sería una respuesta real e integral a la necesidad del final de la vida".