La Comunidad de Madrid (España) ha archivado la denuncia presentada por un grupo LGTB (Lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) contra la coach Elena Lorenzo por promocionar un curso titulado “Camino a la heterosexualidad”.

En el mes de febrero de 2020, la organización LGTB Arcópoli interpuso una denuncia a la experta en identidad personal Elena Lorenzo por incurrir en una presunta “promoción de terapias de curación o aversión de la homosexualidad”. 

La persona que instruye el proceso sancionador administrativo calificó el caso de “muy grave” y proponía la imposición de una multa de unos 20 mil dólares a Lorenzo. 

Sin embargo, según detalla el diario El País este miércoles, el procedimiento ha sido archivado “por un defecto de forma”.

En estos momentos no se puede acceder al sitio web del curso que dice estar “en construcción”.

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Lorenzo desarrolló el curso “Camino a la heterosexualidad” a petición de la estadounidense Association for Catholic Formation and Leadership.

En él se ofrecía un “acompañamiento estructurado, basado en el respeto y la libertad, que trata a la persona en su conjunto y de una manera integral”. 

En el vídeo de presentación del curso, Lorenzo explicaba que pretendía informar sobre un asunto "tan controvertido y tan polémico para arrojar luz y esperanza a aquellas personas que lo sufren a nivel personal o familiar”. 

También se dirigía a “padres, educadores y religiosos, pastores y terapeutas”.

Elena Lorenzo añadía: “Si tú eres una persona que experimenta sentimientos homosexuales no deseados, este curso es para ti”. 

Esta formación incluía testimonios de personas que han recibido la ayuda de la experta.

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Segundo proceso contra la coach

Elena Lorenzo ya fue objeto de otro episodio similar en el pasado, el mismo que fue declarado nulo de pleno derecho

La Comunidad de Madrid la multó con otros 20 mil dólares al encontrar que su actividad profesional era contraria a la Ley de protección integral contra la LGTBIfobia. Esta norma fue impulsada por el Partido Popular en el año 2016.

La denuncia presentada ese mismo año también partió de la organización LGTBI Arcópoli. 

Para pagar la multa, recurrió a una campaña de captación de fondos en la que participaron miles de ciudadanos. Agotada la vía administrativa y con el respaldo jurídico de la Fundación de Abogados Cristianos, Elena Lorenzo logró que el Tribunal Supremo anulara la sanción.

El Alto Tribunal determinó entonces que la Comunidad de Madrid incurrió “en fraude de ley”.

Esto supuso “una efectiva indefensión para la recurrente y una ausencia plena de procedimiento, por lo que son subsumibles en las causas de nulidad de pleno derecho” a juicio del tribunal.

El proceso se alargó cinco años en los que Elena Lorenzo fue víctima de una campaña sin precedentes.