El presidente de la Corporación de Abogados Católicos, Alberto Solanet, advirtió que el Plan Nacional contra la Discriminación, que entre otras cosas promueve el aborto y las uniones homosexuales, podría aplicarse sin el previo debate legislativo.

Dicho Plan fue aprobado por el Gobierno Nacional el 27 de septiembre de 2005 a través del decreto 1086, el cual incluye un anexo con 247 medidas. Sin embargo, el texto ha recibido el rechazo de varios sectores que se sienten vulnerados por el mismo.

En declaraciones a un medio local, Solanet advirtió que el anexo “contiene una serie de puntos de aplicación inmediata que suponen que el Gobierno puede comenzar a aplicarlos sin que se debatan en el Congreso”. Entre ellos está el artículo 236 que hace referencia al aborto.

Por su parte, el catedrático universitario de Economía y Doctrina Social de la Iglesia, Eduardo Carrasco, señaló a la prensa que algunas de las medidas son de “grave trascendencia y perjuicio para la vida de nuestro país”.

En ese sentido, pidió que sean hechas públicas para su debate en la sociedad, porque “este instrumento legal ha pasado casi desapercibido para la sociedad, y aún para los medios de comunicación”.

Otra de las medidas polémicas es la sanción de una ley nacional de unión civil para parejas del mismo sexo; así como la revisión de la actual Ley de Ejercicio de la Medicina, que prohíbe las operaciones del cambio de sexo, ya que, según el texto, “la rectificación sexual (es) un derecho de las personas con identidades sexuales y de género diversas”.

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Asimismo, de acuerdo a la medida 208, se busca impulsar un control sobre los medios de comunicación, pues propone “arbitrar los medios para ejercer un seguimiento y control estatal efectivos sobre formas y contenidos de los medios de comunicación”.

Finalmente, el Plan aprobado por el Gobierno insta “a todas las provincias a que adhieran al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y provean los insumos que garanticen el acceso universal a dicho programa”, con el fin de que se haga efectivo “en todo el territorio nacional”.

Ante ello, Carrasco advierte que aplicar estas medidas “significarían un cambio cultural y hasta de la propia identidad argentina”.
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