"El Estado reconoce el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico y el acceso a la información, para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria, sus derechos sexuales y reproductivos".
"Se deberá dictar una ley que cree una nueva institucionalidad desde la perspectiva sanitaria, que asegure y garantice, al menos, la erradicación de la violencia gineco-obstétrica, el parto respetado, el aborto libre, la educación y prevención en salud sexual y reproductiva en concordancia con una educación sexual integral y el acceso a prestaciones en esta materia, todo con una perspectiva de género, feminista, interseccional y pluralista".
Además, precisa que "todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma autónoma e informada sobre el propio cuerpo y sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer, la anticoncepción, la maternidad voluntaria y la interrupción voluntaria del embarazo".
"Los derechos sexuales y derechos reproductivos deben ser garantizados en su ejercicio por el Estado, sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, asegurando el acceso a la información, educación, a los servicios y prestaciones requeridos para ello. El Estado garantizará su ejercicio libre de violencia y de interferencias por parte del Estado y de terceros, ya sean individuos o instituciones, y asegurará a todas las personas gestantes las condiciones para un embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos".