La Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC) ha anunciado que recurrirá la resolución del magistrado Fermín Otamendi Zozaya, del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona por la que se sobresee y ordena el archivo de la causa contra Abel Azcona por un presunto delito contra los sentimientos religiosos y de odio.

Abel Azcona robó más de 240 formas consagradas de misas celebradas en las ciudades de Madrid y Pamplona para después hacerse fotos con ellas desnudo y escribir en el suelo con ellas la palabra ‘pederastia’, como “obra de arte”, parte de una exposición en una sala de uso público en noviembre de 2015 en la ciudad de Pamplona (España).

Al finalizar dicha exposición el autor vendió las formas consagradas por más de 240 mil euros.

La Asociación de Abogados Cristianos ha declarado estar “sorprendidos” por esta resolución y han anunciado que presentará un “recurso de reforma subsidiario de apelación” y que están dispuestos a llegar “hasta las instancias que haya que llegar, ante lo que viene a ser una campaña de graves ofensas contra la fe cristiana y la libertad religiosa”.

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En el auto, el juez de Instrucción Número 2 de Pamplona (España), Fermín Otamendi, define las formas consagradas y robadas como “objetos blancos y redondos de pequeñas dimensiones” y alega que no se había producido la profanación de las formas sagradas  porque según el diccionario de la Real Academia española esto se define como “tratar algo sagrado sin el debido respeto, o aplicarlo a usos profanos”.

En su opinión no puede afirmarse que “la conducta del querellado implicara tratar algo sagrado (las formas consagradas lo son, sin duda para los católicos), sin el debido respeto, puesto que no cabe confundir faltar al respeto con no realizar lo que la religión católica exige a sus fieles que hagan con las formas consagradas en el acto de la comunión”.

El magistrado también asegura en el auto que Azcona se hizo con las formas “de forma discreta, sin que su conducta pueda calificarse como irrespetuosa, ofensiva o irreverente”.

“En opinión de este instructor, la obra expuesta en el Monumento a los Caídos de Pamplona no constituye un escarnio de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de la Iglesia Católica ni tampoco una vejación de quienes profesan o practican dichas creencias”, agrega.

Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos, ha mostrado su indignación ante esta resolución, ya que considera que el juez, al calificar a las formas consagradas como “objetos blancos y redondos de pequeñas proporciones”, lo que pretende es “excluir el dolo”.

Aunque el autor de los hechos manifestó en varias ocasiones que usó formas consagradas, el juez afirma en el auto que “en ningún lugar de la exposición se indicaba que las formas con las que se había formado la palabra ‘pederastia’ eran hostias consagradas”.

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En el mismo auto el juez afirma que: "tampoco cabe considerar que la acción ejecutada por el querellado constituya una vejación para los que profesan o practican la religión católica".

Desde la Asociación de Abogados Cristianos recuerdan que el artículo 525 del Código Penal español protege la libertad religiosa contra aquellos que “para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias”.

Como muestra de que sí constituyó una ofensa a los sentimientos religiosos y que quienes profesan y practican esas creencias sí consideraron que esa exposición fue un escarnio de sus dogmas, creencias y ritos, la Asociación ha recordado las más de 110  mil firmas que entregaron al ayuntamiento de Pamplona.

Con las firmas se pedía al alcalde de la ciudad, Joseba Asirón, que retirara la exposición blasfema y las numerosas manifestaciones públicas de rechazo a la muestra así como la misa de reparación celebrada por el Arzobispo de Pamplona, Mons. Francisco Pérez, a la que acudieron más de 4.500 fieles.  

La Asociación de Abogados Cristianos también ha declarado en un comunicado que “los hechos son lo suficientemente graves como para que al menos se abra juicio oral, y que archivar el caso sin que ni siquiera se escuche a las partes en juicio es no tener la más mínima consideración por el derecho fundamental a la libertad religiosa”.

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