Iglesia en Barcelona se solidariza con inmigrantes pero no acepta abusos en templos

Tras el desalojo en la madrugada del domingo pasado de un millar de extranjeros indocumentados que se encerraron en la Catedral de Barcelona, el Arzobispado catalán reiteró la solidaridad de la Iglesia con los inmigrantes “sin papeles” pero rechazó los abusos contra los templos.

Después de calificar de “injusto” que ciertos colectivos pongan en duda la solidaridad de la Iglesia con los inmigrantes, un portavoz del Arzobispado de Barcelona aseguró que la Iglesia es solidaria "a través del trabajo diario de nuestras parroquias y del esfuerzo económico y social que dedica Cáritas a potenciar programas de inserción para estos colectivos".

El Arzobispado de Barcelona defendió la necesidad de desalojar la Catedral, al asegurar que "lo primero que debe respetarse es el carácter religioso" de los templos, algo que "no se hizo porque el pasado sábado se interrumpió la celebración de una Misa".

Además, el vocero indicó que el desalojo fue permitido para proteger el patrimonio "histórico y monumental" de la Catedral. "Tiene obras de arte de gran importancia como el coro, situado en la zona central del templo, que está hecho de madera y que sólo con una colilla puede encenderse", señaló su portavoz.

"En el caso que el Arzobispado de Barcelona hubiera permitido que un millar de personas pasara la noche en el interior del templo y se hubiera quemado el coro, entonces qué habría dicho la ciudadanía?", se preguntó el mismo vocero.

Por su parte, el Arzobispo de Barcelona, el Cardenal Ricard Maria Carles, aseguró el domingo ver "manipulaciones interesadas" sobre los inmigrantes que el pasado sábado se encerraron en la Catedral y en la Iglesia del Pi y consideró inoportuno ocupar los templos.

Asimismo, el Purpurado agradeció a las administraciones, sindicatos y entidades el documento que firmaron en la madrugada del domingo y en el que consideraban que "no era oportuna la ocupación de templos, cuando están en curso negociaciones para resolver el problema de los 'sin papeles', tanto a nivel autonómico como estatal".