El embarazo de la menor ocurrió en la ciudad de Yapacaní, departamento de Santa Cruz, tras sufrir reiterados abusos sexuales por parte de su abuelastro de 61 años, hoy detenido. La niña tiene 21 semanas de gestación y se encuentra en un albergue administrado por la Iglesia boliviana.
En declaraciones a ACI Prensa, el delegado episcopal de Salud de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, Víctor Hugo Valda, aseguró que la Iglesia no incurrió en injerencia o intervención alguna y que "no se ha hablado hasta el momento ni con la niña ni con la madre".
"Lo que la Iglesia hizo fue apersonarse el día lunes para que se respete la voz de la niña y de la mamá que no querían interrumpir el embarazo, y porque además, obligarle a hacerse un aborto sería un delito. La Iglesia estuvo presente para eso y preguntar por el estado de la niña", comentó.
También criticó que a la Iglesia se le esté "acusando de haber realizado un secuestro" a la menor.
"Para que quede claro, la institución que ha tomado la decisión del lugar al que tiene que ir la niña, y que ha trasladado físicamente a la niña, de la maternidad al albergue, ha sido la Defensoría de la Niñez y Adolescencia", aseguró.
Asimismo, reiteró que la Iglesia no ha estado "físicamente durante el traslado de la menor ni ha participado en las decisiones sobre la niña".
"Ellos decidieron llevar a la niña a este hogar, tras el ofrecimiento público de la Iglesia", subrayó.
El 26 de octubre, la Secretaría General de la CEB exhortó a las autoridades del país a respetar y proteger el derecho a la vida y salud de una niña de 11 años y de su bebé en gestación.
"Ambas vidas merecen y deben ser protegidas. Afirmamos que, tanto los derechos de la niña, como los del bebé que crece en su vientre, deben protegerse, ya que ambos son inocentes y víctimas de un acto criminal, que tiene una gravísima responsabilidad por la que se debe responder", indicó CEB en un comunicado emitido el 26 de octubre.
Los obispos recordaron "que no se puede obligar a nadie a realizar abortos, ni siquiera ante la gravedad de la violencia sexual, porque el aborto en Bolivia es un delito, aún bajo causales de impunidad y no se puede forzar a nadie, ni al personal de salud, a cometer este delito".
Diego López Marina es comunicador y periodista de profesión. Es parte de ACI Prensa desde 2016 y en la actualidad se desempeña como uno de los editores web de la agencia.
