Más de tres mil personas marcharon por las calles de San Luis, para reclamar al gobierno que restituya a las organizaciones católicas el manejo de varios hogares de niños y ancianos, cuyo contrato fue rescindido por el presidente de la provincia, Alberto Rodríguez Saá.
El Obispo de San Luis, Mons. Jorge Lona, advirtió que dicha decisión ha tenido “voluntad de agraviar a la Iglesia entera”.
La superiora de la congregación de las Hermanas del Divino Redentor, María Hatharina Wittman, pidió ayuda al Presidente Néstor Kirchner y aseguró que “existe una persecución por parte del gobierno de esa provincia hacia las congregaciones religiosas”.