El gobierno de Turquía inició una serie de represalias contra instituciones de Francia en ese país, en respuesta a la ley que el senado francés aprobó tipificando como delito la negación del genocidio armenio a menos de los turcos, ocurrido entre 1915 y 1918, en el que mataron unos dos millones de personas.
Los senadores franceses aprobaron esta norma que establece que la negación del genocidio u holocausto armenio puede penarse con una multa de hasta 45 mil euros (más de 58 mil dólares) y prisión de hasta un año.
El gobierno turco siempre ha negado el genocidio.