Luego de los actos de represión por parte del gobierno de una marcha de indígenas el pasado 25 de septiembre, la Conferencia Episcopal de Bolivia rechazó la violencia utilizada por las fuerzas del orden y pidió a autoridades esclarecer los hechos.
En la marcha, que tuvo como resultado 7 heridos, un bebé muerto y 37 desaparecidos, los indígenas se desplazaban desde la Amazonia en rechazo a la construcción de una carretera entre los departamentos de Cochabamba y Beni que cruzaría el Parque Isiboro Sécure, principal reserva forestal que fue declarada su territorio en 1990.
En su declaración el Episcopado condenó "las acciones de intervención y represión al campamento de los hermanos marchistas, que según la información directa de nuestros agentes pastorales de la zona y las versiones que han proporcionado los medios de comunicación, ha ocurrido cuando ellos se encontraban en total situación de indefensión".