CIDH a un paso de imponer ideología anti-familia en legislaciones de América Latina

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ComisiónIDH) estaría a punto de sentar un peligroso precedente jurídico para la protección del matrimonio y la familia al defender a una jueza lesbiana chilena que acusa a su país de violar sus derechos fundamentales tras perder la custodia de sus tres menores hijas.

Según denuncia la Oficina para América Latina del Population Research Institute (PRI) la Comisión IDH tergiversa totalmente las cosas al convertir un caso de custodia en uno de “orientación sexual”, dejando de lado a las hijas, víctimas probadas de maltratos y abusos por parte de su madre y su pareja homosexual.

Jacqueline Karen Atala Riffo se separó de su esposo, se mudó con otra mujer y se llevó a vivir a sus hijas entonces de 10, 6 y 5 años de edad.

El padre de las niñas, Jaime López Allendes, reclamó en 2003 la tuición –custodia o tenencia- de sus hijas en un proceso judicial y la Corte Suprema de Chile, considerando “las pruebas que demostraban fehacientemente el daño sufrido por las menores bajo el cuidado personal de su madre”, determinó “la mejor condición del padre para ejercer la tuición de las niñas, pues éste les ofrecía mayores condiciones de estabilidad hacia el futuro.

López ya lleva siete años al cuidado personal de sus hijas, pero en el tiempo que vivieron con su madre las niñas “sufrieron importantes alteraciones en sus vidas debido a que su madre decidió poner su homosexualidad por encima de cualquier otra consideración”, sostiene el PRI.

“Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no piensa así. Es más, ni siquiera ha considerado a las hijas. Cada uno de los miembros de la Comisión Interamericana cree firmemente que su criterio supera a la ley chilena y a sus representantes, al deseo de estas adolescentes y a cualquier otra forma de pensar que se atreva a contradecirlos”, indica el PRI.   

La Comisión IDH pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos – que esta semana se reúne en Bogotá (Colombia)- que considere que el Estado chileno "incurrió en responsabilidad internacional por la (presunta) violación de los derechos a la igualdad y no discriminación, vida privada y familiar, familia, protección especial de las niñas, garantías judiciales y protección judicial" en el caso de Atala.

El PRI denuncia que “en todo lo actuado por la Comisión no se ha incluido el expediente completo del caso. Con ello estaría dejándose de lado todas las pruebas de los maltratos físicos y psicológicos que sufrieron las niñas cuando vivieron con su madre ya separada del padre”.

“Cualquiera que lea los testimonios de amigos de la familia, empleadas del hogar y sobre todo los psicólogos que efectuaron la pericia para el Poder Judicial chileno se daría cuenta que esto de la ‘discriminación por orientación sexual’ es una excusa barata. Si les pegas o descuidas a tus hijos, la justicia podría determinar que pierdas la custodia de tus hijos, independientemente de la ‘orientación sexual’ que tengas”, agrega.

El PRI lamenta que “en esta situación humana sumamente dolorosa como es un hogar destruido, llama poderosamente la atención que la Comisión no vea el interés superior del niño consagrado como derecho vinculante en todos los países de América Latina y el Caribe. La Comisión solamente ha puesto los ojos y sus buenos oficios en función del reclamo de Karen Atala a vivir plenamente su particular ‘orientación sexual’”.  

“En este caso, mediáticamente conocido como el caso Karen Atala, la Comisión ha cometido algunas faltas muy graves yendo más allá de su propia competencia y que en conjunto constituyen una grave intromisión en las libérrimas decisiones de cada uno de nuestros países”, agrega.

La próxima audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos será el 23 y 24 de agosto en Bogotá. Los magistrados que participarán en las audiencias son Diego García-Sayán (Perú), quien es el presidente del tribunal; Manuel Ventura (Costa Rica), Margarette May Macaulay (Jamaica), Rhadys Abreu (República Dominicana), Alberto Pérez (Uruguay) y Eduardo Vio Grossi (Chile).

“Fuentes confiables, nos han informado que el padre como representante legal de las adolescentes ha presentado recientemente un recurso a la Corte pidiendo que ellas sean tomadas en cuenta, y qué él también sea oído pues tiene un legítimo interés en el resultado de la causa, toda vez que una eventual sentencia condenatoria contra el Estado de Chile daría pie para que él pueda perder la tuición de sus hijas”, advierte el PRI.

El caso chileno constituye la primera demanda de discriminación por orientación sexual presentada ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que supone que su fallo sentará un precedente en el continente.