Nicaragüenses mantienen prohibición total del aborto en nuevo Código Penal

Los diputados del Congreso Nacional decidieron hoy mantener el mal llamado “aborto terapéutico” como un delito en Nicaragua, al aprobar el articulado relativo al aborto en el nuevo Código Penal.

El primer párrafo del artículo 143 del nuevo Código Penal será el siguiente: “Quien provoque aborto con el consentimiento de la mujer será sancionado con la pena de uno a tres años de prisión. Si se trata de un profesional médico o sanitario, la pena principal simultáneamente contendrá la pena de inhabilitación especial de dos a cinco años para ejercer la medicina u oficio sanitario”.

En el segundo párrafo se lee que “a la mujer que intencionalmente cause su propio aborto o consienta que otra persona se lo practique, se le impondrá pena de uno a dos años de prisión”.

El articulado fue aprobado por una contundente mayoría de 66 votos a favor y solo tres votos en contra del Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

Los legisladores eliminaron del proyecto el tercer párrafo del artículo 143, que eximía de cualquier tipo de apremio al aborto terapéutico, en el caso de que tres médicos dictaminaran que esa acción era necesaria.

La votación  terminó con largos meses de presión internacional contra Nicaragua y el esperado rechazo de la representante del MRS, Mónica Baltodano, que acusó a sus colegas de llevar a Nicaragua a un grupo de naciones "cavernícolas" por votar a favor de la vida.

Los miembros del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) explicaron que el aborto terapéutico debe seguir penalizado porque es una cuestión de defensa de la vida.

El congresista Carlos José Gadea del PLC aseguró que “nos sentimos contentos y satisfechos por haber hecho un frente de lucha para no permitir ni siquiera una ventana para el aborto en Nicaragua”.

En declaraciones a ACI Prensa, indicó que con este voto el país le ha dicho no a “muchas organizaciones patrocinadas y financiadas por organismos internacionales, incluso por países que han chantajeado a este país diciendo que si nosotros sancionamos el aborto van a suspender sus ayudas económicas”.

Gadea denunció que las zonas rurales muchas campesinas “llegan con enfermedades de riñones o calenturas” a los centros médicos y les practican abortos gracias a organismos internacionales “que distribuyen aparatos para destrozar a los niños en el vientre de sus madres. Nosotros hemos puesto un alto y no les hemos dado la mínima oportunidad a hacer esto bajo la máscara de un aborto terapéutico”.