El Foro Español de la Familia (FEF) y Profesionales por la Ética, destacaron la actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de respetar el derecho de los padres a objetar la asignatura de Educación para la Ciudadanía y permitir que esta sea convalidada con “la realización de tareas de voluntariado”.

“La propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid pone de relieve que en un Estado de Derecho es perfectamente compatible el respeto al orden público educativo con el respeto al ejercicio por las familias del derecho constitucional a la objeción de conciencia que, como ha dicho el Tribunal Constitucional, forma parte del derecho a la libertad ideológica y religiosa amparado y protegido” por la Constitución, afirmó el presidente del FEF, Benigno Blanco.

Para el FEF, la fórmula de Aguirre “es una solución inteligente respetuosa con la legislación y con el derecho constitucional de los padres a formar a sus hijos”. Indicó que además nadie podrá tener miedo “a sanciones ni represalias por plantear objeción de conciencia”.

Por su parte, para el presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, la disposición de los padres objetores a que sus hijos realicen entre cien y trescientas horas de voluntariado, demuestra que “son ciudadanos responsables preocupados porque sus hijos sean buenos ciudadanos, no receptores pasivos de una asignatura adoctrinadora”.

“Solicitaremos formalmente al resto de las comunidades autónomas que permitan también a los alumnos objetores realizar tareas de voluntariado en lugar de cursar Educación para la Ciudadanía. De esta manera se protegerá la libertad de conciencia en el ámbito educativo”, expresó.

Primera objeción en Galicia

Por otro lado, Mar y Javier Cuadrado, de Ferrol (Galicia), presentaron en el Centro Público Isaac Peral la primera objeción de conciencia contra Educación para la Ciudadanía en favor de sus cuatro hijos.

La madre afirmó que “es importante la objeción de conciencia, ya que (Educación para la Ciudadanía) es una intromisión en el derecho a enseñar y educar a los hijos en los principios ético-morales que considere oportunos. El sistema educativo no es el que debe ‘aleccionar’según los ideales del Gobierno de turno”.