El Gobierno de Andalucía debe decidir en los próximos días si autoriza a una paciente de distrofia muscular a suspender los aparatos de respiración artificial que la mantienen con vida, en un polémico caso que confunde el derecho a rechazar tratamientos médicos desproporcionados con la legalización de la eutanasia.
Inmaculada Echevarría, de 51 años de edad, reclama ser desconectada del aparato de asistencia respiratoria y ha conseguido la venia de un órgano consultivo de la Junta de Andalucía. El problema es que esta entidad ha considerado que la solicitud de Echevarría se apoya en el "rechazo del tratamiento" manifestado por la paciente, un derecho ya reconocido por la ley española que no permite la eutanasia.
Este derecho implica suspender tratamientos que, por ejemplo, prolongan la agonía de pacientes terminales. Sin embargo, Echevarría no es una enferma terminal y desconectar el respirador supondrá su muerte.