El Arzobispo de Mérida-Badajóz, Mons. Santiago García Aracil; y de Pamplona, Mons. Fernando Sebastián, afirmaron que así como el Estado destina fondos públicos a la promoción de derechos como el trabajo, la seguridad o la vivienda, también debe reservar un porción de los mismos a la promoción de la libertad religiosa.
"Es un deber del Estado cultivar la dimensión religiosa de los ciudadanos", señaló Mons. García Aracil, por lo que pidió al Gobierno apoyar económicamente a la Iglesia y a las demás instituciones religiosas en España, de acuerdo con el grado de desarrollo y alcance de las mismas.
El Arzobispo de Mérida-Badajoz dijo que el aporte económico del Gobierno sólo supone el 25 por ciento del presupuesto total de la arquidiócesis. Explicó que este debe ser entendido como "un deber desde la concepción democrática de la sociedad".