El Grupo Parlamentario Popular defenderá el próximo martes en el Congreso una Proposición no de Ley por la que insta al Gobierno a realizar un Plan Integral de Apoyo a la Maternidad, con alternativas que disuadan a las mujeres a someterse a un aborto.

La iniciativa, que será defendida por el diputado José Eugenio Azpiroz en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, plantea un plan dirigido especialmente a adolescentes y mujeres sin recursos, con redes de apoyo multidisciplinar que ofrezcan "alternativas eficaces" para llevar a término el embarazo.

El plan incluiría la realización de campañas para informar "con objetividad y rigor científico" acerca de las secuelas físicas y psíquicas derivadas de realizar un aborto no deseado. Asimismo, se prestaría asesoramiento legal y psicológico a jóvenes que lo soliciten, así como consultas pediátricas.

El Partido Popular (PP) señala la necesidad de facilitar información sobre los recursos y alternativas existentes a la interrupción del embarazo, como las organizaciones de apoyo a la mujer, ayudas económicas y para la crianza del hijo o la orientación sobre la posibilidad de optar a una casa de acogida, dar en adopción al menor o búsqueda de actividad laboral.

Por último, la iniciativa propone elaborar un catálogo de prestaciones, facilitando a las mujeres embarazadas el acceso prioritario al empleo, renta activa de inserción, planes de conciliación, ayudas específicas, así como un línea telefónica.

Envejecimiento de la población

Los “populares” argumentan que "el envejecimiento de la población española y la alarmante reducción de la natalidad resultan un hecho real al que los poderes públicos están obligados a hacer frente con políticas activas que den solución al problema.

El PP advierte cómo mujeres que se vieron abocadas a realizar un aborto, denuncian en la actualidad la falta de apoyo, la carencia de información médica, el desconocimiento de las ayudas públicas o privadas, las alternativas al aborto así como las secuelas que atañen a su salud física y psicológica, entre ellas el síndrome postaborto (SPA).

A su juicio, la cuestión reside en "la falta de medidas públicas que favorezcan la posibilidad de que la mujer pueda ser madre, llevar su embarazo a término y evitar verse obligada a practicar un aborto; situación límite –concluye– que lógicamente no es la deseada".