4.- Hacemos constar que la Conferencia Episcopal Venezolana no ha tenido ninguna participación en la cadena de custodia de los elementos de investigación, el traslado del cadáver desde el lugar donde fue encontrado hasta la Medicatura Forense, ni acceso al respectivo expediente.
5.- Toda investigación tiene un comienzo, un desarrollo y un final. En este caso, apenas se están iniciando las investigaciones del crimen y los mismos organismos oficiales declaran que en esta fase no es mucho lo que pueden aportar. Por consiguiente, debe evitarse todo juicio apresurado, y cualquier opinión debe ser considerada con suma cautela. Todo crimen debe ser investigado a fondo, de manera objetiva.
6.- Rechazamos categóricamente las declaraciones del ciudadano Fiscal General de la República por cuanto, violando la reserva legal de las actuaciones y en contradicción con las primeras declaraciones de testigos, desprestigia al fallecido, a la familia y a la comunidad de los creyentes, criminalizando a la víctima y convirtiéndola en sujeto cómplice de su propia muerte. En relación a este asesinato se han emitido conclusiones en la fase inicial de la misma, contaminado sus resultados. Las investigaciones deben respetar la dignidad de la persona, estar apegadas a la legalidad, y, en consecuencia, una vez establecidas las responsabilidades, proceder al castigo de los culpables. Igualmente rechazamos el manejo inhumano e indecoroso, que de esta situación se ha hecho en algunos medios oficiales de comunicación.
7.- Hacemos un llamado a la ciudadanía a estar alerta, a fin de que ni éste ni otros crímenes, sean manipulados, abierta o sutilmente, ni se forjen expedientes y testimonios con el fin de desprestigiar a personas e instituciones.
