Denuncia masiva contra homosexuales por delitos contra familia y creencias religiosas

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Con el fin de denunciar a los protagonistas de la “Cabalgata del orgullo gay” del pasado 2 de julio en Madrid por delinquir contra las asociaciones familiares y los sentimientos religiosos de los católicos, en tan solo cinco días más de mil personas han descargado un modelo de denuncia que ofrece la plataforma ciudadana HazteOir.org.

Durante la cabalgata, además de situaciones obscenas y violentas, decenas de activistas homosexuales exhibieron pancartas y corearon lemas como "Vamos a quemar a la Conferencia Episcopal por machista y patriarcal"; "Buscamos Obispo para formar familia", firmado por un imaginario "Foso español de la familia", coronado por una esvástica; "Benedicto XVI: Nazi", etc.

El escrito, a ser presentado en las comisarías, solicita a la autoridad pública investigar los presuntos delitos cometidos durante la manifestación encabezada por representantes del gobierno español y del colectivo homosexual, para “identificar a los autores de las citadas pancartas y coreadores de los lemas reseñados, así como a los convocantes y responsables de la manifestación” por no evitar y condenar posteriormente estos actos.

El pasado 7 de julio, HazteOir.org presentó una denuncia a la Fiscalía General del Estado apoyada con un dossier de material fotográfico y audiovisual de las escenas protagonizadas por los asistentes a la marcha. El recurso ha sido aceptado y remitido al Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Madrid.

Según la plataforma ciudadana, los fundamentos de Derecho en los que se basa la petición se remiten a un "delito contra los sentimientos religiosos definido en el artículo 525 del Código Penal, en concurso con un delito de provocación a la discriminación, al odio y a la violencia por motivos referentes a la religión o creencias, definido en el artículo 510.1 y 2 del Código. Además, el texto se refiere a los artículos 169 y 170 del Código Penal”.

Una vez presentadas las denuncias, serán enviadas al Juzgado que instruya el caso, que decidirá en última instancia si inicia los procedimientos penales contra los organizadores de la manifestación.

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