Las universidades católicas y privadas de España solicitaron a las autoridades un trato equivalente con los centros públicos, especialmente “un sistema de evaluación común” de los profesores que se dedican a la investigación, independientemente de su procedencia pública o privada.
Mediante un comunicado, los rectores también piden una “plena participación en todas las comisiones de evaluación y selección” de investigaciones financiadas por las distintas administraciones.
En el texto, reclaman no ser excluidos de las convocatorias públicas, “ni por requisitos formales de imposible cumplimiento, ni por otros criterios que, en la práctica, conllevan una cierta discriminación”.