La maternidad subrogada o vientre de alquiler continúa expandiéndose como un mercado global impulsado por profundas desigualdades económicas, pero el año 2025 también estuvo marcado por su condena a nivel internacional, especialmente desde organismos multilaterales, parlamentos y la Santa Sede.
Así lo afirmó Bernard García Larraín, director ejecutivo de la organización Declaración de Casablanca, durante una entrevista concedida a EWTN Noticias, en la que evaluó el cierre del 2025 y los desafíos que se presentan para el 2026 en la lucha por la abolición universal de esta práctica.
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“Siempre hay que entender los vientres de alquiler como un mercado global, en el que, por las desigualdades sociales y económicas de distintos países, existe una demanda de personas con mayores recursos y una oferta de mujeres jóvenes con escasos recursos que muchas veces hacen esto por necesidad”, explicó.
García Larraín advirtió que se trata de un negocio en crecimiento, sostenido por “agencias, clínicas privadas y estudios legales que favorecen este encuentro entre la oferta y la demanda”, según indican diversos estudios de mercado.
Señales positivas en 2025
Pese a este panorama, el director de la Declaración de Casablanca destacó varios hitos que marcaron un punto de inflexión durante el año pasado. Entre ellos, subrayó especialmente el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, publicado en julio de 2025.
“Es, por lejos, la señal más importante del año”, afirmó, al recordar que la relatora Reem Alsalem presentó un documento de 26 páginas con 19 recomendaciones, en el que analiza la maternidad subrogada “como lo que es: violencia contra la mujer, una práctica contraria a la dignidad de la persona y a los derechos del niño y de la mujer”.
En dicho informe, añadió, la relatora “hace un llamado a la comunidad internacional a abolir la maternidad subrogada y a establecer un tratado internacional” que prohíba esta práctica a nivel global.
Otro avance significativo fue la prohibición constitucional del vientre de alquiler en Eslovaquia, aprobada durante una reforma constitucional. “Es la primera vez, al menos en nuestro conocimiento, que esto se hace a nivel nacional y queda consagrado en la Constitución”, señaló.
A ello se sumó una nueva resolución del Parlamento Europeo condenando la maternidad subrogada y la creciente visibilidad pública de activistas como Olivia Maurel, portavoz de la Declaración de Casablanca, nacida mediante esta práctica y hoy defensora de los derechos de los niños y de las mujeres.
El respaldo del Papa León XIV
García Larraín también valoró como un hecho clave las recientes declaraciones del Papa León XIV, quien calificó la gestación subrogada como una violación de los derechos humanos fundamentales durante su discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede.
“Lo recibimos con mucho optimismo. Es una muy buena noticia para comenzar el año”, afirmó, destacando que el Pontífice “denuncia la maternidad subrogada como un mercado indigno del ser humano y como un fenómeno global”, razón por la cual abordó el tema ante representantes de distintos países.
Según explicó, estas palabras dan continuidad a la línea marcada por el Papa Francisco, quien ya había llamado a la abolición mundial de esta práctica.
Retos clave para el 2026
De cara al 2026, el director de la Declaración de Casablanca indicó que el objetivo central del movimiento sigue siendo claro: “la elaboración de un tratado internacional para abolir universalmente la maternidad subrogada”.
El próximo año, además, tendrá un fuerte valor simbólico, al cumplirse 100 años de la Convención para la Abolición de la Esclavitud. “Muchas personas y líderes han señalado que la maternidad surrogada es una nueva forma de esclavitud”, sostuvo.
“Se comercializa con personas humanas, se pone precio a los niños, y si un niño no cumple con lo estipulado en un contrato, muchas veces es abandonado o se provoca un aborto”, denunció.
En este contexto, García Larraín consideró fundamental que Naciones Unidas avance hacia la creación de un grupo de trabajo internacional que estudie el informe de la relatora especial y comience a implementar sus recomendaciones.
“Sería un gran paso para seguir defendiendo la dignidad humana”, concluyó.

