Los obispos católicos de Escocia y varios grupos provida han expresado su alarma por los efectos que podría tener el proyecto de ley sobre el suicidio asistido en las personas con discapacidad y en las más vulnerables, luego de que fueran rechazadas varias enmiendas consideradas fundamentales.

El suicidio asistido es actualmente ilegal en Escocia, pero si el proyecto “Asistencia para morir en adultos con enfermedades terminales”, presentado por Liam McArthur, se convierte en ley, los adultos con enfermedades terminales recibirían asistencia para poner fin a sus vidas.

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Después de que el comité encargado de examinar el proyecto rechazara el 4 de noviembre varias enmiendas destinadas a hacerlo más seguro, el presidente de la Conferencia Episcopal Escocesa, Mons. John Keenan, conversó con CNA, agencia en inglés de EWTN News.

“Casi todos los grupos vulnerables de Escocia que representan a las personas con discapacidad, ancianos y enfermos mentales están en contra del proyecto y siguen señalando que este los pone en mayor riesgo”, indicó el también Obispo de Paisley.

Una de las enmiendas rechazadas habría limitado la elegibilidad a quienes tuvieran una expectativa de vida menor a seis meses. Otra habría exigido que las personas que soliciten el suicidio asistido reciban un plan completo y financiado de cuidados paliativos. Ambas fueron descartadas, lo que despertó temores de que los más vulnerables sufran y de que incluso quienes padecen enfermedades no terminales puedan acceder al suicidio asistido.

Expresando su preocupación, Mons. Keenan señaló: “Tampoco se excluirá a personas cuya motivación principal sea alguna de las siguientes condiciones no terminales: trastornos alimenticios; discapacidades intelectuales (incluido, pero no limitado al síndrome de Down); trastornos del estado de ánimo, como la depresión; trastornos de ansiedad; el recibir beneficios por discapacidad o enfermedad; soledad o aislamiento social; dificultades económicas; sensación de ser una carga para otros; malas condiciones de vivienda, o cualquier otro trastorno mental o del desarrollo que no sea una enfermedad terminal”.

La Iglesia Católica enseña que el suicidio asistido es intrínsecamente inmoral. “La vida es un don que debe protegerse, especialmente cuando está amenazada por la enfermedad y la muerte”, han afirmado los obispos católicos de Inglaterra, Gales y Escocia. 

“Los cuidados paliativos, con un adecuado alivio del dolor y apoyo humano, espiritual y pastoral, son la manera correcta y más digna de acompañar a las personas al final de su vida”, añadieron.

La definición de “enfermedad terminal” en el proyecto de McArthur también ha sido cuestionada, ya que establece que puede aplicarse a quienes padecen una “enfermedad, dolencia o condición avanzada y progresiva de la que no pueden recuperarse y que razonablemente podría causar su muerte prematura”.

Paul Atkin, responsable provida de la Arquidiócesis de St. Andrews y Edimburgo, advirtió sobre este peligro: “La definición de ‘enfermedad terminal’ en el proyecto es tan vaga que podría incluir a personas con demencia o insuficiencia cardíaca, que pueden vivir durante años. Los límites se siguen moviendo y lo que comienza como una opción para unos pocos se convierte en una expectativa para muchos”.

Atkin continuó: “Debemos ser honestos: esta ley pondría algunas vidas en riesgo, no por enfermedad, sino por desesperación. La verdadera compasión significa acompañar a quienes sufren, no ofrecer acabar con sus vidas. Escocia puede hacerlo mejor”.

El miembro del Parlamento escocés (MSP) Jeremy Balfour propuso excluir del acceso al suicidio asistido a personas con condiciones no terminales, como discapacidades intelectuales, trastornos alimenticios o sentimientos de ser una carga para los demás. Sin embargo, su propuesta también fue rechazada.

En declaraciones a CNA, Catherine Robinson, portavoz de Right To Life UK, calificó el proyecto como “un peligro claro para las personas con discapacidad”.

“Muchas discapacidades pueden volverse rápidamente ‘terminales’ si no se manejan adecuadamente. Esto puede ocurrir tanto de manera intencional en personas que buscan acabar con su vida como por falta de acceso a la asistencia médica necesaria”, explicó.

“Las personas con discapacidad reconocen el riesgo que plantea el proyecto de McArthur, razón por la cual los principales grupos de discapacidad en Escocia —como Inclusion Scotland, Glasgow Disability Alliance y Disability Equality Scotland— no apoyan esta ley”.

La MSP Pam Duncan-Glancy, primera usuaria permanente de silla de ruedas en el Parlamento escocés, también expresó su preocupación por el impacto del rechazo de las enmiendas en las personas con discapacidad:

“El comité rechazó establecer plazos sobre el pronóstico. Esto significa que cualquiera con una enfermedad que pueda causar su muerte prematura sería elegible. Eso me incluye a mí y a miles de personas con discapacidad o enfermedades como la diabetes en toda Escocia. No creo que eso sea lo que el Parlamento pretende. Es peligroso para las personas con discapacidad y lucharé contra ello hasta el final”.

El proyecto de McArthur es independiente del que actualmente se debate en el Parlamento de Londres, que propone legalizar el suicidio asistido en Inglaterra y Gales.

Los católicos en Escocia han sido exhortados a contactar a su parlamentario local para pedirle que vote en contra del proyecto cuando llegue al debate final en la etapa 3.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.