Los representantes de los obispos católicos ante la Unión Europea reiteraron su petición de que el bloque actúe con firmeza contra la persecución anticristiana en el mundo, restableciendo la figura del enviado especial para la libertad religiosa.
Al concluir su asamblea de otoño, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) señaló que “la libertad de pensamiento, conciencia y religión es un derecho humano inalienable consagrado en el artículo 10 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE” que sigue siendo “gravemente amenazada en muchas regiones del mundo”.
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En un comunicado, los prelados expresaron su“creciente consternación” por “la discriminación y persecución que sufren las personas, las minorías religiosas y las comunidades de fe —en su mayoría cristianas—” que son “objeto de ataques por sus creencias”.
Al mismo tiempo, la COMECE reconoce que la UE “ha afirmado constantemente su compromiso con los derechos humanos como pilar central de su acción exterior”. Sin embargo, señala que “los mecanismos existentes son en sí mismos muy valiosos, pero carecen de la autoridad y la visibilidad necesarias para abordar esta crisis con el vigor y la coherencia necesaria”.
“La gravedad de la situación exige una respuesta más firme, dedicada e institucionalizada”, prosiguen los obispos, quienes sostienen que la UE “tiene la responsabilidad particular de defender estos valores más allá de sus fronteras”.
Una señal de impunidad
En este sentido, subrayan que “el cargo del enviado especial de la UE para la promoción de la libertad de religión o de creencias fuera de la UE fue creado en 2016 y ha sido una pieza fundamental para promover esta causa en la escena mundial”. Asimismo, destacan que “contar con alguien en este cargo mejora la capacidad de la UE para supervisar, informar y responder eficazmente a las violaciones de la libertad religiosa en todo el mundo”.
Por ello, advierte: “nos preocupa profundamente que este puesto tan importante haya permanecido vacante durante un periodo prolongado, mismo que envía una señal preocupante a las comunidades perseguidas alrededor del mundo y a quienes violan la libertad religiosa con impunidad”.
Los prelados que representan a la Iglesia Católica en los países de la Unión Europea, denuncian que mantener un puesto vacante “sugiere una disminución de la prioridad de este derecho fundamental dentro de la política exterior de la UE precisamente en un momento en el que su defensa se ha vuelto más urgente que nunca”.
En consecuencia, los obispos de la COMECE instan a la Comisión Europea “a nombrar a un nuevo enviado especial de la UE sin más demora, reforzando su mandato y asignando los recursos humanos y financieros adecuados en el cumplimiento de su misión”.
No es la primera vez que este puesto ha quedado vacante desde su creación en 2016. El primero en ocupar el puesto fue el eslovaco Ján Figel, que se desempeñó en esta labor hasta 2019.
El cargo estuvo vacante durante año y medio hasta que, en mayo de 2021, se nombró al chipriota Christos Stylianides, pero dejó el cargo sólo seis meses después. Entonces, se propuso al italiano Mario Mauro, que no obtuvo los respaldos suficientes.
No fue hasta diciembre de 2022, cuando la Comisión Europea nombró al belga Frans van Daele, cuyo mandato ya concluyó sin que hasta la fecha la Comisión Europea haya propuesto un sustituto.





