Planned Parenthood podría deber 1.800 millones de dólares en demanda por fraude a Medicaid

Una demanda por 1.800 millones de dólares presentada por un activista anónimo y el estado de Texas (Estados Unidos) busca recuperar dinero que, según ellos, Planned Parenthood tomó ilegalmente de Medicaid.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos escuchó los argumentos este jueves 25 de septiembre en el caso Doe v. Planned Parenthood.

Cuando se descubrió que Planned Parenthood vendía tejido y órganos fetales, Luisiana y Texas actuaron rápidamente para revocar la elegibilidad de la organización para Medicaid. Órdenes judiciales retrasaron la revocación.

Mientras los tribunales debatían la elegibilidad de Planned Parenthood, el grupo siguió presentando solicitudes de reembolso a Medicaid a pesar del estatus incierto hasta 2020, cuando el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito falló a favor de los estados.

En una demanda presentada en 2021, un denunciante demandó a Planned Parenthood bajo la Ley de Reclamaciones Falsas. Diseñada para proteger el dinero de los contribuyentes de actores fraudulentos, la Ley de Reclamaciones Falsas exige que “cualquier persona que a sabiendas presente, o induzca a presentar, reclamaciones falsas al gobierno será responsable de tres veces la indemnización por daños y perjuicios del gobierno, más una multa vinculada a la inflación”, según el sitio web del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La líder provida y experta legal Jennie Bradley Lichter calificó el caso como una “amenaza existencial” para Planned Parenthood en un artículo de opinión en The Hill.

Lichter, presidenta del March for Life Education and Defense Fund, escribió que “bajo la Ley de Reclamaciones Falsas, el dinero obtenido del gobierno mientras se es inelegible —incluso si se cobró bajo una orden judicial que luego es revocada— debe devolverse íntegramente”.

Susan Baker Manning, asesora general de Planned Parenthood Federation of America, negó que la teoría jurídica tenga algún mérito.

“Esta teoría es otro intento de utilizar la ley como arma para atacar a Planned Parenthood”, dijo Manning en un comunicado el miércoles. “Este caso tiene un objetivo: cerrar Planned Parenthood y negar a los pacientes el acceso a la atención de salud sexual y reproductiva”.

Katie Glenn Daniel, directora de asuntos legales de Susan B. Anthony Pro-Life America, dijo que Planned Parenthood “no tenía derecho” al dinero de los contribuyentes.

“El denunciante en este caso, Doe, está demandando en nombre del pueblo para recuperar dólares de los contribuyentes que Planned Parenthood no tenía derecho a tomar y que aún no ha devuelto voluntariamente, además de honorarios e intereses”, dijo Glenn Daniel a CNA, agencia en inglés de EWTN News.

“La mayor empresa abortista de la nación se sentía tan con derecho al dinero de los contribuyentes, que pasó años facturando a Medicaid después de ser descalificada por Texas y Luisiana, un resultado directo de su falta de respeto por la vida humana expuesta por los videos encubiertos de David Daleiden que mostraban su papel en la venta de partes del cuerpo de bebés”, dijo Glenn Daniel.

Como parte de un paquete fiscal aprobado recientemente, el gobierno federal recortó la financiación de Planned Parenthood. Más de 40 sedes cerrarán este año. The New York Times informó sobre supuesta negligencia médica en sedes de Planned Parenthood con base en Nueva York a principios de este año.

“A pesar de los informes de negligencia médica, la disminución de los servicios de salud reales y el gasto político récord, Planned Parenthood exige que el grifo de los contribuyentes siga fluyendo para siempre”, dijo Glenn Daniel.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.