Por Amira Abuzeid
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) y la Asociación Católica de Salud expresaron su “firme apoyo” a un proyecto bipartidista reintroducido en el Senado que busca ampliar el acceso a los cuidados paliativos.
El mes pasado, el proyecto titulado “Palliative Care and Hospice Education and Training Act” (Ley de Educación y Formación en Cuidados Paliativos y de Hospicio), fue presentado por las senadoras Tammy Baldwin y Shelley Moore Capito.
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En una carta dirigida a los líderes del comité del Senado, el Arzobispo Borys Gudziak, presidente del Comité de Justicia y Desarrollo Humano Doméstico de la USCCB; Mons. Daniel Thomas, presidente del Comité de Actividades Pro-Vida; y la Hna. Mary Haddad, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación Católica de Salud, subrayaron el potencial de la legislación para atender las carencias críticas en el acceso a los cuidados paliativos, a la vez que se mantiene en plena sintonía con las enseñanzas morales de la Iglesia Católica.
Los cuidados paliativos son un enfoque médico que mejora la calidad de vida de los pacientes con enfermedades graves en etapas avanzadas, mediante el manejo del dolor y los síntomas, el apoyo emocional y la coordinación de la atención.
La carta citó el documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe “Samaritanus Bonus” (Sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida): “Los cuidados paliativos son una expresión auténtica de la actividad humana y cristiana de asistencia, el símbolo tangible de la compasiva ‘permanencia’ junto a la persona que sufre”.
Los líderes católicos señalaron tres grandes obstáculos que limitan el acceso a estos cuidados: la escasez de profesionales capacitados, la falta de financiamiento para investigaciones que desarrollen mejores prácticas, y el bajo nivel de conocimiento tanto en la población como en el personal sanitario sobre el papel y el momento adecuado de aplicar los cuidados paliativos.
El proyecto de ley busca superar estos desafíos financiando programas de formación para profesionales de la salud, apoyando la investigación en buenas prácticas y promoviendo campañas educativas públicas. De aprobarse, destinaría recursos para ampliar el número de especialistas y mejorar la atención de pacientes con enfermedades crónicas o terminales.
Mons. Gudziak, Mons. Thomas y la Hna. Haddad celebraron que el texto incluya disposiciones que aseguren el cumplimiento de la Assisted Suicide Funding Restriction Act de 1997, que prohíbe el uso de fondos federales para el suicidio asistido o la eutanasia.
“Es importante destacar que el proyecto incluye un lenguaje esencial que afirma que todos los programas financiados deben cumplir con la Assisted Suicide Funding Restriction Act de 1997 y no pueden usarse para causar ni ayudar a causar la muerte de un paciente bajo ninguna circunstancia”, escribieron.
Este respaldo llega en medio de la creciente atención nacional al cuidado al final de la vida, con líderes católicos promoviendo enfoques que prioricen la compasión y la dignidad de los cuidados paliativos, sin caer en los males morales de la eutanasia o el suicidio asistido.
La Iglesia enseña que “la vida humana es un don sagrado de Dios que debe ser protegida y respetada en cada etapa”, recordó la carta.
Las Directrices Éticas y Religiosas para los Servicios de Salud Católicos de la USCCB y la Declaración sobre la Eutanasia de 1980 de la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe señalan que la eutanasia es “una acción u omisión” de parte de los profesionales de la salud “que por sí misma o por intención causa la muerte, con el fin de eliminar todo sufrimiento”. El suicidio asistido ocurre cuando un profesional ayuda a un paciente a poner fin a su propia vida.
Oregón fue el primer estado en legalizar el suicidio asistido en 1997. Actualmente, la práctica es legal en diez estados y en Washington, D.C.
En otros dos estados —Montana y Nueva York— hay legislación pendiente que podría legalizarla. En Nueva York, la norma espera la firma de la gobernadora, mientras que voces provida, como la del Cardenal Timothy Dolan, se han manifestado abiertamente en contra.
Originalmente presentada en 2022, cuando más de 50 organizaciones la respaldaron, la propuesta está ahora bajo revisión del Comité Senatorial de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones.
El 16 de julio, los congresistas Earl “Buddy” Carter (republicano de Georgia) y Ami Bera (demócrata de California) presentaron en la Cámara de Representantes un proyecto idéntico como iniciativa complementaria.
Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.
Amira Abuzeid es editora senior en Catholic News Agency.