Pastoral Social ofrece su aporte en conflictivo debate por proyecto minero en Mendoza

La Pastoral Social de la Arquidiócesis de Mendoza (Argentina) emitió una declaración titulada “Minería… ¿Cómo?”, donde ofrece su aporte ante las diferencias y conflictos en torno a la explotación minera en la región, destacando las condiciones a tener en cuenta en cuanto a la protección de trabajadores, poblaciones y medio ambiente.

El pronunciamiento se enmarca en el debate por el proyecto San Jorge, que propone la explotación de cobre a cielo abierto, en un yacimiento ubicado a más de 2.600 metros de altura, y a unos 55 kilómetros de la Villa de Uspallata.

Por estos días se lleva a cabo en Mendoza una audiencia pública en la que se exponen posturas vinculadas a la expectativa del proyecto en cuanto a lo económico, y su impacto positivo en la región; con posiciones que alertan sobre los efectos de la explotación en el medio ambiente.

Este fin de semana, con el lema “El agua pura no se negocia”, diversos grupos se movilizaron a Uspallata en defensa de los recursos naturales. Los manifestantes reclaman, a su vez, que la audiencia pública se convocara en un lugar de difícil acceso para asegurarse de que no haya oposición al proyecto.

Sin tomar posición al respecto, la Pastoral Social de Mendoza ofreció un aporte que surge de la preocupación de la comunidad, y ante las diferencias y conflictos llama a una “participación responsable”.

La declaración parte de un contexto de “confusión y perplejidad”, y propone “un acercamiento racional, responsable y honesto para buscar caminos de encuentro y diálogo que serenen los corazones y busquen soluciones eficaces”. 

Para ello, sugiere que antes de poder decir “minería, sí” o “minería, no”, es necesario preguntarse “Minería, ¿Cómo?”.

En la actividad minera, expone el comunicado, “hay una corresponsabilidad de sus actores, empresarios, funcionarios del Estado, profesionales ingenieros y técnicos, quienes, junto al cumplimiento de las normas legales y contractuales, deben proteger la integridad física y moral de los trabajadores, de las poblaciones involucradas y el ambiente”.

En ese sentido, advierte sobre el peligro del extractivismo que “sólo busca asegurar ganancias económicas sin importar otro horizonte humano, social y ambiental”, convirtiendo los bienes naturales en bienes de capital.

“No es sostenible la pretensión de un crecimiento económico infinito materialmente en un mundo que es finito”, alerta. “Tampoco lo es el hecho que en el afán de generar riquezas materiales se sacrifiquen las condiciones de vida de pueblos enteros, se pongan en peligro las fuentes hídricas y se deterioren valiosos ecosistemas”, añade.

Por eso, la Pastoral Social pide a gobernantes, empresarios, inversionistas y ciudadanos todos, “priorizar la vida de los pobladores, el cuidado del agua y la biodiversidad por encima de cualquier otro interés económico o financiero”. 

“Toda actividad económica virtuosa procura el respeto de la dignidad humana y promueve el bien común”, recuerda, por eso anima a “escuchar respetuosamente” a quienes estén afectados por los proyectos extractivistas, como también “asumir asertivamente los datos de la ciencia, diseñar plataformas de diálogo y prever los necesarios controles transparentes y honestos orientados al cuidado de la vida en nuestra casa común”.

Finalmente, expone cuatro requisitos para una minería posible y sustentable:

1. Licencia social de las comunidades involucradas, verificadas fehacientemente en audiencias públicas a las que puedan asistir todas las poblaciones involucradas.

2. Cuidado y promoción de las personas, las comunidades y del ambiente —antes, durante y después de todo emprendimiento minero— sin subestimar el deterioro de la infraestructura vial por el empleo de vehículos de gran porte, la verificación de pasivos ambientales, ni el análisis del escurrimiento de las aguas (tanto superficiales como subterráneas) afectadas por el emprendimiento minero.

3. Auténtica participación en las ganancias por parte de las comunidades locales y provinciales, con un régimen claro de regalías, establecido mediante un instrumento legal provincial preciso, que tenga en cuenta el bien común de la población.

4. Controles transparentes y honestos, institucionales y ciudadanos, nacionales e internacionales que despejen todo temor de corrupción o negligencia.

“Debemos crecer en nuestro compromiso por el cuidado de la Creación y el uso inteligente y responsable de sus dones, para asegurar el futuro de los mendocinos con dignidad y grandeza de espíritu, evitando replicar dinámicas de despojo y pobreza que han deslegitimado la actividad minera. Sin un diálogo transparente con participación privilegiada de los habitantes locales, la extracción de minerales generará impactos sociales y ambientales negativos”, concluye el documento.