Por Tyler Arnold
Más de dos docenas de instalaciones de Planned Parenthood en todo Estados Unidos han anunciado en los últimos meses planes para cerrar debido a preocupaciones de financiamiento causadas por nuevas reglas federales que impiden que el gigante del aborto reciba reembolsos de Medicaid y Medicare.
Hasta el viernes 25 de julio, el número creciente de cierres de instalaciones de Planned Parenthood ha alcanzado al menos 25, distribuidas en 10 estados. El anuncio más reciente se produjo ayer, 24 de julio, cuando Planned Parenthood Mar Monte informó de su plan de cerrar cinco instalaciones en el norte de California.
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El 4 de julio, el presidente Donald Trump firmó la ley One Big Beautiful Bill Act, que impuso una congelación de un año a los reembolsos de Medicaid y Medicare para Planned Parenthood. Esta disposición está siendo impugnada en los tribunales, pero un juez federal esta semana permitió que la congelación entrara en vigor para la mayoría de las filiales de Planned Parenthood.
Algunas de las instalaciones de Planned Parenthood anunciaron cierres antes de la aprobación de la ley en previsión de los recortes de fondos, mientras que otras han comenzado a anunciar cierres esta semana.
“Estamos desconsolados e indignados de tener que cerrar cinco de nuestros centros de salud y eliminar tres servicios cruciales”, escribió Planned Parenthood Mar Monte en una publicación de Instagram.
En la publicación, la filial de Planned Parenthood calificó la disposición de desfinanciamiento como “una prohibición encubierta del aborto en estados de libertad reproductiva”.
La filial seguirá operando otros 30 centros de aborto en California y Nevada.
Kristan Hawkins, presidenta de Students for Life of America, calificó la noticia como “una victoria para los bebés en California”, un estado que, según ella, es “un centro de abortos de último trimestre”, en una publicación en X.
Las filiales de Planned Parenthood también están cerrando cuatro instalaciones en Iowa, cuatro en Michigan, cuatro en Minnesota, dos en Ohio, dos en Utah, una en Vermont, una en Nueva York, una en Indiana y una en Texas.
La Planned Parenthood Federation of America comunicó el 1 de julio que la disposición de desfinanciamiento podría obligar a la red de aborto a cerrar cerca de 200 clínicas, lo que representa el 60% de las instalaciones de Planned Parenthood.
Marjorie Dannenfelser, presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life America, dijo en una declaración proporcionada a CNA —agencia en inglés de EWTN News— que Planned Parenthood debería “mirarse en el espejo para encontrar la razón por la que sus centros están cerrando”.
“El enfoque de Planned Parenthood está en los abortos, las transiciones de género y el gasto político, todo mientras recaudan cientos de millones de los contribuyentes”, dijo Dannenfelser. “Muchas veces se les ha ofrecido una vía para mantener su financiamiento dejando de hacer abortos, pero se niegan. Mientras tanto, no tienen el monopolio de la salud, ya que las mujeres ya acuden a centros de salud comunitarios que brindan una atención mucho más integral y son más accesibles, superando en número a Planned Parenthood 15 a 1 en todo el país”.
Michael New, académico asociado principal en el instituto provida Charlotte Lozier Institute, dijo a CNA que “no debería sorprender que Planned Parenthood esté respondiendo al corte de fondos federales cerrando algunas de sus instalaciones”, señalando que Planned Parenthood recibe cientos de millones de dólares en fondos de los contribuyentes cada año.
New dijo que los cierres de Planned Parenthood “deberían verse como una victoria para el movimiento provida”.
“Incluso aquellas instalaciones de Planned Parenthood que no realizan abortos aún hacen derivaciones para abortos”, dijo New. “Además, cuando una instalación de Planned Parenthood cierra, significa que hay menos personas que trabajan para la industria del aborto. Finalmente, los programas de anticoncepción y educación sexual de Planned Parenthood crean una cultura más promiscua que resulta en más abortos”.
Según una ley federal de larga data, los reembolsos de Medicaid y Medicare no estaban disponibles para la mayoría de los abortos. Pero antes de que la nueva ley entrara en vigor, Planned Parenthood podía obtener reembolsos de esos programas por servicios no abortivos.
Según el informe anual de Planned Parenthood para julio de 2023 a junio de 2024, aproximadamente el 40% de los ingresos totales de la red de aborto provino de dinero de los contribuyentes, una gran parte del cual se obtuvo a través de reembolsos de Medicaid y Medicare. Durante ese año, Planned Parenthood recibió cerca de 800 millones de dólares en fondos públicos.
Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.
Tyler Arnold es reportero del National Catholic Register. Anteriormente trabajó en The Center Square y ha publicado en diversos medios, incluidos The Associated Press, National Review, The American Conservative y The Federalist.
